La pequeña y mediana empresa gaditana ha demostrado paz social y no ha levantado la voz pese a que aún es imposible medir los devastadores efectos económicos de la crisis sanitaria que ya sufre y la confusión reinante. Manuel Raposo, graduado social y abogado isleño, asegura que “la gente está muy enfadada con la Administración” por la dificultad de tramitar Expedientes Temporales de Regulación de Empleo (ERTE) con los que tratar de salvar empleo y actividad.
El viernes, lamenta, la Junta modificó hasta en tres ocasiones el formulario de solicitud de ERTE. No es buena señal. Está convencido de que el Gobierno autonómico acabará solicitando notas aclaratorias, lo que dificultará aún más que, tal y como se ha comprometido el Ejecutivo de Pedro Sánchez, los damnificados puedan cobrar sus prestaciones el día 1.
“Incluso en el caso de que las peticiones fueran aprobadas el próximo martes, hay que comunicar a la Seguridad Social la resolución y mandar documentación al Servicio Estatal de Empleo Público (SEPE) la situación de los trabajadores”, explica.
Y aquí hay otro escollo que salvar porque no queda claro cómo regular la situación: no se puede hacer por teléfono o por correo, tampoco de oficio, porque el SEPE desconoce, por ejemplo, el número de cuenta del beneficiario del subsidio, pero tampoco puede comunicarlo la propia empresa, que ignora si el trabajador tiene derecho al mismo.
A todo ello hay que sumar la avalancha de ERTE. En el conjunto de Andalucía, según datos proporcionados por UGT, se contabilizaban el viernes 6.500 presentados y otros 500 tramitados, con unas 4.000 personas afectadas. Raposo, que ha arreglado papeles para unas 160 empresas, el 70% de su cartera de clientes en Raposo y Mosteiro Asesores, advierte de que no todos saldrán. No va a ser fácil. Y vaticina una segunda oleada con la prórroga del estado de alarma.
En este sentido, apunta a sectores que ya están atravesando dificultades y no se incluyeron en el anexo de los reales decretos 463/2020 y 465/2020, como la reparación mecánica de vehículos en taller, el servicio técnico a domicilio o la construcción. Advierte de que ya ha se ha registrado una oleada de despidos de empleados con contrato temporal porque al empresario le ha resultado más ventajoso extinguir la relación laboral y asumir la indemnización que continuar pagando, y considera que la provincia va a perder hasta el 25% del tejido empresarial.
“La clave está en cómo se va a ayudar a reactivar la actividad”, agrega. Hasta ahora hay mucha inconcreción y no hay medidas garantistas para evitar desahucios por impago del alquiler ni tampoco se han arbitrado mecanismos para paliar los problemas de liquidez de pymes. De hecho, las que se acojan al ERTE tendrán que mantener posteriormente hasta seis meses a cada uno de los trabajadores afectados. Pero, insiste, no hay garantías de viabilidad por el cese de actividad que se ha llevado por delante al turismo, la hostelería y la restauración, fundamentalmente, y gran parte del sector servicios, motor económico de la provincia.
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