Actualizado: 19:28 CET
Lunes, 01/06/2020

Provincia de Cádiz

Guerra de agravios entre la educación pública y concertada

Sindicatos y ampas de Cádiz temen cierre de unidades y piden inversión; las escuelas católicas dicen hacer más con menos y niegan que seleccionen al alumnado

  • Sindicatos de docentes y ampas volverán a salir a la calle el 4 de marzo en defensa de la educación pública en la provincia.
  • La natalidad obliga al cierre del 15% de unidades en la enseñanza pública y el 3% en la concertada desde 2011

El mismo lunes, en cuanto se dio a conocer el nuevo decreto de escolarización, se barruntaba una respuesta contundente por parte de los sindicatos y representantes de padres y madres de la escuela pública. Cuarenta y ocho horas después, CCOO, CGT, UGT, Ustea, Codapa y el Frente de Estudiantes Fde convocaron una jornada de huelga el próximo 4 de marzo “para mostrar el completo desacuerdo con esta nueva normativa” por “favorecer a la educación concertada y sus patronales”.

La plataforma que han constitutido carga contra la libertad de elección de centro, principal novedad del texto. Advierten de que al quedar establecido por la Junta que todo el alumnado pueda tener la misma puntuación en un centro público de su área de influencia y en uno concertado de una zona limítrofe se facilita de facto que la enseñanza concertada tenga listas de espera abultadas. De manera que la Consejería de Educación, concluyen, reducirá líneas en los centros públicos y, dada la demanda social, creará nuevas unidades en centros concertados.  

En realidad, el Ejecutivo del PP y Ciudadanos restituye el orden anterior a 2017, cuando el Consejo de Gobierno presidido por la socialista Susana Díaz suprimió las listas de espera tras el procedimiento ordinario de escolarización con el objetivo de reforzar la escuela pública y tener vía libre para, como denunció entonces Elías Bendodo, actual vicepresidente, “tocar la eliminación de conciertos a su antojo” e “imponer sus prejuicios ideológicos”. Quienes se manifestaron en aquel momento fueron las Escuelas Católicas de Andalucía. Pero PP y Ciudadanos también dan un paso a favor de la educación concertada, que tiene hasta ahora un papel subsidiario.

El debate está servido y las tensiones latentes han dado paso a un enfrentamiento abierto con cruce de declaraciones y cifras. En primer lugar, tanto la Federación Provincial de Asociaciones de Padres y Madres (Fedapa) como Ustea advierten de que la educación pública carga con el recorte de plazas. Solo en el curso actual, Cádiz cuenta con 96 líneas menos. Entre 2011 y 2018, últimos datos disponibles en el Instituto de Estadísticas y Cartografía de Andalucía, se redujeron en un 15%.

El presidente de Escuelas Católicas de la provincia de Cádiz, Manuel Holgado, advierte, no obstante, que los concertados también se han visto afectados por la baja natalidad (en 2018 se registró el número más bajo, 8,21 nacimientos por cada 1.000 habitantes, desde 1975, cuando se contaban 23,62), con una reducción en el mismo periodo inferior, en torno al 3%, pero sufren mayores exigencias. En este sentido, lamenta que las últimas plazas suprimidas, en Cádiz, se produjeran porque solo había trece alumnos en clase, mientras se mantienen aulas con diez en la educación pública.

Tanto Leticia Vázquez, presidenta de Fedapa, como Rubén Muñoz, portavoz de Ustea, indican que la ratio debería ser considerada como oportunidad en la educación pública y no un castigo: en lugar de cerrar una unidad por tener una decena de alumnos, habría que aprovechar para desarrollar proyectos educativos de mayor calidad.

“No se puede abordar la educación con criterios mercantilistas”, añade Muñoz. Su sindicato sostiene que el decreto de escolarización contribuye a la segregación de estudiantes según capacidades y antecedentes socioeconómicos, genera mayores desigualdades educativas y aumentan la precariadad laboral del sector del docente.

Vázquez, por su parte, hace hincapié en que si hay más unidades concertadas habrá menos inversión en la educación pública. Y el estado de las infraestructuras, agrega, ahuyenta a la demanda de matriculación.

Pero la presidenta de la Confederación Católica Nacional de Padres de Familia y padres de Alumnos (Concapa), María Luisa Lucena, niega de plano estos planteamientos y afirma que los conciertos suponen el 18% del gasto público en el total de enseñanzas no universitarias, pero en la concertada está el 25,9% del alumnado total no universitario. Y recuerda, por otro lado, que en Andalucía, la Administración solo destina el 10% a conciertos; en el País Vasco, el 24,4%.

Manuel Holgado insiste en esta cuestión y remarca que en Andalucía no ha habido ningún nuevo concierto en los últimos 40 años. Y se anima a desmontar tópicos. Reconoce que Cádiz o Jerez concentran gran número de centros, pero recuerda que también hay en pequeñas poblaciones como Ubrique o Conil y, frente a las acusaciones de que la concertada selecciona al alumnado, subraya que todos los centros concertados tienen aulas de apoyo a la integración.

Pone de ejemplo el colegio SAFA Jerez, con cinco aulas específicas o San Ignacio en Cádiz. Aunque Ustea matiza: el 90% de los alumnos con necesidades especiales cursan sus estudios en centros públicos.

Sin punto de encuentro alguno, los protagonistas tampoco se ponen de acuerdo sobre los motivos por los que la concertada concentra una demanda tan importante. Ustea apunta a cierto aire de elitismo y Fedapa insiste en la falta de apoyo económico a la escuela pública, que resta competitividad. Pero tanto Concapa como Escuelas Católicas señalan que la clave está en la fuerza de la tradición y en la elección de un modelo educativo con determinados valores.

El consejero ha echado más leña al fuego al sugerir a la escuela pública que deje de mirar de reojo a la concertada y se centre en mejorar. Hay debate para rato.

Los inspectores celebran el decreto

El Sindicato de Inspectores de Educación (USIE) ha valorado positivamente el nuevo decreto de escolarización, dado que contempla que los inspectores de educación puedan presidir las Comisiones Territoriales de Garantías de Admisión. Así, aseguran, “se podrá garantizar con mayor seguridad una mejor y más adecuada planificación de unidades escolares y recursos, avalada con criterios técnicos y profesionaes, que puede contribuir a evitar arbitrariedades y desequilibrios entre centros”. “La anterior Administración apartó deliberadamente a los inspectores”, recuerdan. Ahora “se revierte el error”, remarcan.

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