Delphi dejó una fea cicatriz en la provincia. El desmantelamiento de la factoría en Puerto Real abrió una herida que tardó demasiado en cerrarse y cuando se cosió, se hizo malamente. La sangría que provocó la marcha de la multinacional no se saldó solo con la pérdida de miles de empleos, también generó una frustración social que aún perdura. Se expresa con un espeso silencio, roto únicamente por palabras gruesas, como las que contiene el duro comunicado de los 450 ex trabajadores afectados todavía “por el abandono total y sistemático de las administraciones central y autonómica”. “Sí hubo fraude en el ERE de Delphi. Sí hubo fraude en las prejubilaciones”, declararon tras conocer la sentencia del macrojuicio. “Seguimos reclamando justicia y trabajo”.
“Fue el mayor fracaso político de mi vida”, sentencia José Antonio Barroso, ex alcalde de Puerto Real y uno de los protagonistas de la lucha del colectivo tras el anuncio del cerrojazo. Y relata con un tono que se enciende poco a poco, como si en lugar de agarrar el teléfono empuñara el megáfono con el que pedía dignidad para la provincia en las multitudinarias manifestaciones que lideró, lo acontecido en aquellos meses hace casi trece años. Barroso está convencido de que pudo ser diferente. Ni deslocalización, ni paro, ni corrupción. “Nos pusimos de acuerdo quince o dieciséis ayuntamientos y comenzamos a trabajar con sindicatos y con otras organizaciones creadas al calor de las movilizaciones, como el colectivo de las mujeres de los empleados”. Codo con codo. El objetivo era ganarle el pulso a “los yanquis”.
Hasta se plantaron en Bruselas para arrancar el compromiso unánime de los grupos del Parlamento Europeo de que apoyarían al Gobierno español si optaba por conceder nuevas subvenciones para el mantenimiento de la planta y la reindustrialización de la Bahía. Pero la cosa se torció. “Los sindicatos se cargaron todo. Llamaron a rebato las direcciones nacionales y dieron marcha atrás”, lamenta. El PSOE no quería otro lío como el de Santana Motor. Tampoco quería enfrentarse al Gobierno de EEUU y al todopodroso mercado. Barroso dice que el comité de empresa no mostró sentido de clase. Engañó a los trabajadores.
Salvador Mera discrepa. El que fuera secretario general de UGT entre 2011 y 2013 declara que tiene la conciencia muy tranquila. No participó directamente en las negociaciones tras el cierre de Delphi, pero valora lo que se hizo. “No sé si era la única opción, pero se tomó la mejor”. Mera apunta a que la falta de legislación europea y las graves consecuencias de la crisis generada por el adiós de la multinacional afectó a comarcas enteras. Cádiz se iba a convertir en un desierto industrial.
“Delphi es el más claro ejemplo de tener empresas porque sí. Sacaron sus subvenciones y se marcharon”, explica, pero remarca que “las administraciones ayudaron con buena fe”. Contesta con las mismas palabras cuando se le pregunta sobre la sentencia. El sindicalista conoce bien el tema porque, tras ser detenido en el marco de la operación Heracles, está imputado por el ERE de la Faja Pirítica. “¿Te cambió la vida aquello?”, pregunto. “Imagina...”. Los puntos suspensivos son más elocuentes que cualquier respuesta posible. Quizá, con aquello, la provincia también cambió de una vez y para siempre.
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