“Esto no es Afganistán”, asegura el responsable provincia de CCOO-Cádiz, Sebastián Alcón. “El consejero ha llegado como un elefante en una chatarrería. La comparación con los barracones de Afganistán es lamentable”, manifiesta su homólogo en UGT, Jorge Aracama.
Los sindicatos en la provincia de Cádiz tienen claro que la intervención del consejero de Educación, Javier Imbroda, esta semana en el Parlamento Andalucía no favorece en nada al sistema público y sí al privado. Imbroda aseguró en la comisión de Educación, que en Andalucía hay aulas que parecen «barracones de un campamento militar de Afganistán» y que con otras instalaciones «se le ha caído el alma a los pies» porque le recuerdan «la España de los años cuarenta».
No son los únicos. Los responsables en la provincia de USTEA y CSIF coinciden en su valoración de las palabras de Imbroda. “CSIF no va a entrar a valorar la exactitud de las cifras que aporta el consejero. Todo aquello que mejore la educación pública siempre será bienvenido. Evidentemente, en la provincia de Cádiz hay centros que necesitan inversiones y mejoras. Pero esto no quiere decir que los centros públicos sean barracones ni que la calidad de enseñanza esté en entredicho. No podemos consentir que la imagen de la educación pública quede mancillada de esta manera por parte del máximo responsable de la educación en Andalucía. Da la sensación de que se quiere tirar por tierra la enseñanza pública, en favor de la concertada”, asegura Marian Avancino, responsable provincial de Educación de CSIF Cádiz.
David Vargas, de USTEA-Cádiz, asegura que si bien es cierto que existen aulas en la provincia “que son de vergüenza” e incluso usa el término de tercermundista”, entiende que no es algo generalizado. Vargas asegura que la intervención del consejero estuvo encaminada a atacar al anterior gobierno autonómico y le aconseja que se dedique ahora a dar soluciones. “El consejero ahora es él y su labor es dar soluciones”, dice.
Para USTEA, está claro que la actitud del nuevo consejero “es favorecer la privada-concertada, que son centros privados que pagamos todos”. “La libertad de elección (de centros) de la que habla es destrozar lo público en favor de los concertados, que están para cubrir los huecos que puedan existir, pero no en sustituir a los colegios públicos”, argumenta.
Jorge Aracama asegura que si bien es cierto que hay deficiencias por cubrir en el sistema público, no lo es menos que se trata de un sistema muy potente. “Sólo en la provincia de Cádiz hay más de quinientos centros educativos y es normal que existan deficiencias, pero de ahí a decir que son como los barracones de Afganistán. Ha demostrado que desconoce la realidad. Mal comienzo han tenido estos señores”, responde.
“La lectura de Imbroda es exagerada. Compararlo con Afganistán es una tontería”, añade Alcón.
Eso sí, los responsables sindicales consideran que es necesario un plan de mejora, que no incluya presupuesto sólo para nueva obra sino también para mantenimiento. Para el delegado de CCOO, es ahí, en el mantenimiento, donde hay que poner la atención “porque de poco sirve que se hagan nuevos colegios y no haya al mismo tiempo un mantenimiento porque los edificios se van deteriorando con el paso del tiempo y con los recortes de la crisis se dejó de invertir en el mantenimiento, lo que hace que ahora estemos pagando las consecuencias”, explica. Pone como ejemplo el Virgen de la Esperanza de Algeciras, del que dice tiene graves problemas debido a una falta de mantenimiento . Un colegio que sufre grietas por todas las clases, paredes, techos, patios y baños, según consta en un informe municipal.
Vargas aclara que no hay que centrar toda la crítica de las deficiencias en los centros a la Junta de Andalucía, pues, recuerda que los Ayuntamientos son los responsables del mantenimiento. Añade que no son pocos los consistorios que no cumplen con esa obligación y cita el caso del de Sanlúcar de Barrameda, al que acusa de dejación de funciones.
Ocho colegios con aulas prefabricadas
Ocho colegios de la provincia de Cádiz cuentan con aulas prefabricadas, también conocidas como caracolas, según información facilitada por el sindicato USTEA. Jerez es la localidad que más tiene, con cinco: CEIP San José Obrero, IES Almunia, IES Lola Flores, IES La Granja e IES Josefa de Los Reyes. En el Puerto está el Marqués de Santa Cruz y en Algeciras están los CEIP Arcos del Cobre y Adalides.
Las aulas prefabricadas son un recurso en el sistema educativo para hacer frente a incrementos de escolarización que no pueden ser absorbidos por los espacios definitivos del centro, así como para hacer compatible la ejecución de obras con el desarrollo de la actividad docente en aquellos casos en los que la intervención no puede realizarse por completo en periodos no lectivos.Desde 2015 la Agencia Pública Andaluza de Educación ejecuta un plan dirigido a crear espacios que permitan la supresión de prefabricadas.
38 obras de extrema urgencia en Cádiz
El consejero de Educación y Deporte de la Junta de Andalucía, Javier Imbroda (Cs), aseguró esta semana en el Parlamento que una de cada tres obras pendientes en infraestructura educativa desde 2016 son de “extrema urgencia”, según recoge el informe de evaluación elaborado por la Agencia Pública Andaluza de Educación (APAE).
En total, las actuaciones prioritarias no atendidas desde 2016 son 1.363, con un coste aproximado de 330,6 millones de euros. Así, el consejero dijo que estas obras sin realizar pueden ser desde la eliminación de barreras arquitectónicas y demás adaptaciones para el alumnado con necesidades educativas especiales hasta las reposiciones de cubiertas o el reforzamiento de muros de contención.
Por provincias y según la Junta de Andalucía, los territorios más poblados como Málaga y Sevilla son las que tienen más obras pendientes. En concreto, en Málaga hay desde 2016 un total de 455 actuaciones sin ejecutar por valor de 143,48 millones de euros y en Sevilla 298 con un coste de 73,63 millones. En el caso de Almería son 192 actuaciones por un valor de 39,37 millones; Cádiz 38 con un coste de 5,35 millones; Córdoba 109 por un valor de 19,96 millones; Granada 160 obras pendientes con un coste de 31,01 millones; Huelva 22 por un valor de 2,77 millones y Jaén tiene pendientes 89 actuaciones valoradas en 15,01 millones de euros.
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