La vicepresidenta de la Diputación provincial de Cádiz y ex alcaldesa de Puerto Real, Maribel Peinado, ha sido condenada por el juzgado de lo Penal número 1 de Cádiz a dos años y medio de inhabilitación por impedir a la oposición el acceso a información pública de manera sistemática en el Ayuntamiento puertorrealeño.
Maribel Peinado ha decidido renunciar de sus cargos de Gobierno en la Diputación de Cádiz tras conocer la sentencia que juzgaba el acceso a la información de la oposición en su etapa de alcaldesa del Ayuntamiento de Puerto Real. La actual vicepresidenta de la Diputación de Cádiz reafirma su inocencia y anuncia que presentará recurso a la Audiencia Provincial porque entiende que “su gestión de Gobierno no ha vulnerado ningún precepto penal”.
“Tengo confianza de que este caso finalmente reflejará la verdad de lo sucedido durante esa etapa y por ello estoy determinada a recurrir la sentencia y agotar las vías de defensa que nos permite el sistema judicial”. En ese sentido, adelantó mediante un comunicado que renuncia a su cargo de vicepresidenta y a mis responsabilidades de Gobierno en la Diputación de Cádiz en aras de la estabilidad de la institución y como muestra de mi compromiso a la gestión que venimos realizando”.
La sentencia, dice Peinado, “reconoce la utilización política” de la denuncia por parte de los denunciantes. “Yo entiendo que no existe la comisión de ningún tipo de delito en lo descrito por la sentencia. De hecho, tanto en gobiernos municipales anteriores al mío como en el actual existe multitud de ejemplos que con la misma vara de medir podrían suponer hechos delictivos incluso de enjundia superior a la reflejada en mi caso”, asegura Peinado, que continúa significando que “el artículo 23 de la constitución legitima un derecho de información tendente a fiscalizar, más no a un uso político de la petición de información con el propósito únicamente a generar un rédito político y no a controlar la gestión municipal del equipo de Gobierno”.
Aclara entonces que “dicho uso político queda reconocido en el texto de la propia sentencia y queda además reduplicado por el hecho de que alguna de la información solicitada por los denunciantes se refiere a mandatos anteriores, así como que una vez se accedió al poder por el actual Gobierno ni se preocupó en verificar dicha información a su alcance. Es más, la sentencia además de exculpar gran parte de los supuestos denunciados respecto de los que basa su condena, son supuestos que se contestaron, sin que producida la contestación ulteriormente se ejercitara ningún tipo de acción legal por los denunciantes, siendo ello prueba inequívoca de que no se ocultaba ningún tipo de irregularidad”, finaliza Maribel Peinado.
Esta situación puede afectar al pacto de Gobierno que se vive en la Diputación provincial, donde los andalucistas y el PSOE gestionan de la mano.
Previamente, el portavoz del PP en Diputación, José Loaiza, exigía a la presidenta de la institución provincial, Irene García, el “cese inmediato” de la vicepresidenta segunda, Maribel Peinado (PA), tras conocerse la sentencia del Juzgado de lo Penal número uno de Cádiz que afecta a la que fuera regidora en el municipio puertorrealeño.
Pedía a la presidenta de Diputación “que depurase responsabilidades porque la condena de la vicepresidenta segunda socavaba más aún la credibilidad de la institución, que ha vuelto con el PSOE a estar bajo sospecha de enchufismo y sectarismo en este mandato”.
Asimismo, demandaba a García “que actuase de manera proporcionada con la sentencia”. Además, ha añadido que “García no puede mantener la confianza en quien está condenada judicialmente, cuando la sociedad reclama a sus representantes públicos conductas ejemplares”.
Finalmente, Loaiza ha señalado que “la falta de transparencia se ha convertido en marca de la casa de Diputación”, manifestando que “es muy significativo que sólo hace unos días, el PP denunciase las trabas del Gobierno socialista al acceso a la información en este mandato y justo ahora se conozca que Maribel Peinado esté inhabilitada por este motivo”.
Por su parte, EQUO Puerto Real consideraba que se había “condenado la actitud sistemática de opacidad, denegación de información y falta de deferencia con la oposición que nuestros concejales sufrieron la pasada legislatura”.
De hecho desde EQUO se llevó a Fiscalía esta situación en el final del pasado mandato. Dicha denuncia se añadió a la causa que ya había abierta tras las denuncias de Ana Mosquera.
Todo comenzó con una denuncia de junio de 2014 formulada por la edil del PSOE, Ana Mosquera, quien entregó al fiscal un dossier con todas las peticiones de información elevadas al Gobierno que no habían sido atendidas
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