Bruselas lleva años empeñada en llevar a la práctica un nuevo Reglamento de la Unión Europea (UE) relativo a la pesca de aguas profundas que incluye la prohibición de la práctica del arrastre de fondo por debajo de los 800 metros de profundidad. Ahora, prevé la introducción de vedas en zonas que contengan o es probable que contengan ecosistemas marinos vulnerables. Esta semana, la Comisión Europea propuso prohibir todas las actividades relacionadas con la pesca de fondo, como arrastre, palangre o anzuelos, en 94 caladeros de Francia, Portugal, Irlanda y España. Si bien el resultado de la votación no obtuvo el respaldo mayoritario, los representantes de la Comisión comparecerán el próximo 12 de julio ante la Comisión de Pesca de la Eurocámara.
“Es un varapalo tremendo”, lamenta el sanluqueño Javier Garat, presidente de la Coalición Internacional de Asociaciones Pesqueras (ICFA, por sus siglas en inglés), organización de ámbito mundial que defiende los intereses de los empresarios pesqueros en los foros internacionales, quien teme que la iniciativa salga adelante porque se verían afectados 300 barcos en el país, casi la mitad, en el Golfo de Cádiz.
Garat cuestiona, por un lado, las formas en la que se ha tramitado la iniciativa. “La Comisión no ha consultado con los países miembros”, sostiene. Pero tampoco ha cuestionado al respecto al sector, pese al compromiso existente por parte de la Administración europea.
Respecto al contenido, es muy crítico dado que el informe en el que se basa la propuesta elaborado por el Consejo Internacional para la Exploración del Mar (ICES) es una chapuza, con cartografía en baja resolución, “Imagina que en la hoja de un cuaderno tienes una cuadrícula marcada en la esquina superior izquierda y otra en el centro -explica-; la Comisión ha decidido que, en lugar de tachar esas dos zonas, arranca la página completa”. Sobre el mapa real, se plantea el cierre de caladeros situados a 25 kilómetros donde se ha determinado riesgo o posible riesgo para los ecosistemas marinos vulnerables, agrega.
José Carlos Macías, técnico de la cofradía de pescadores de Sanlúcar de Barrameda, no da crédito a lo sucedido. “Es alucinante”, acierta a valorar. En la línea de Garat, reclama un análisis real de las zonas identificadas, pero también considera necesario examinar “la huella de los barcos” y el impacto económico y social de la medida. “¿Cómo le explico yo a las embarcaciones que no pueden pescar cigala o gamba roja?”, se pregunta, e insiste en que ni el estudio de ICES es lo suficientemente contundente y motivado, ni la Comisión ha dado la oportunidad de defender los intereses del sector.
“Desde Ayamonte a Tarifa hay dos espacios con unos 140 barcos”, advierte, que se verían seriamente perjudicados. Y remarca que “la única especie en riesgo de desaparición en el Golfo de Cádiz es el pescador”.
“No están echando” del mar, se queja. Pero la cofradía prepara alegaciones al texto europeo y recaba con la federación autonómica el apoyo del Gobierno central y la Junta de Andalucía para evitar un nuevo mazazo por parte de del comisario de Pesca, Océanos y Medio Ambiente, Virginijus Sinkevicius, a quien tacha de “talibán ambientalista”, dispuesto a ejecutar el pacto verde a cualquier coste.
“El destrozo que nos hace es terrible”, añade Garat, quien recuerda, por último, que las instituciones europeas olvidan que “somos un sector estratégico esencial”.
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