34 ayuntamientos de la provincia podrán beneficiarse del nuevo mecanismo extraordinario puesto en marcha por el Ministerio de Hacienda que permitirá pagar de forma más ágil a los proveedores y cancelar las obligaciones pendientes de pago más antiguas de aquellas entidades que tengan un plazo de pago a proveedores superior a los 30 días, que es el máximo establecido por ley. El otro requisito es que sólo pueden acogerse a esta medida los consistorios que tengan facturas y obligaciones pendientes de pago anteriores al 1 de julio de 2021.
En concreto, para posibilitar a los proveedores el cobro de sus facturas por este cauce, la norma obliga a las administraciones afectadas a comunicar sus facturas pendientes anteriores a 1 de julio de 2021 y a adherirse al Fondo de Financiación a Entidades Locales, a través del que se efectuará directamente el pago de dichas obligaciones.
La condición que debe cumplir el proveedor para tener derecho al cobro de sus facturas por este procedimiento es que se traten de obligaciones generadas por obras, servicios o suministros pendientes de pago, y aceptar este medio de pago, lo que podrán hacer en una plataforma informática habilitada por la Agencia Tributaria. En este sentido, el objetivo es garantizar a los proveedores el cobro de las facturas pendientes más antiguas que tengan con las entidades locales.
Los ayuntamientos deberán remitir telemáticamente al Ministerio de Hacienda, hasta el próximo 11 de febrero, una relación de todas las obligaciones pendientes de pago, a través de la citada plataforma informática. Así, los proveedores podrán consultar la inclusión y las cuantías de las facturas pendientes de pago. En el caso de que no aparezcan en el listado, podrán reclamar a la entidad local, aportando la documentación necesaria. El plazo que tienen los proveedores para consultar y aceptar el cobro de dichas facturas comienza el 12 de febrero y finaliza el 25 de febrero de 2022.
Los consistorios podrán financiar las obligaciones de pago abonadas a través de una operación de endeudamiento “con ventajosas condiciones financieras, que aseguren la viabilidad de la operación”.
Para ello, una vez conocida toda la información sobre el montante de las facturas pendientes de pago, la corporación local debe elaborar un plan de ajuste, que deberá aprobarse antes del 22 de marzo y que tendrá que ser aplicado en el período de amortización previsto para la operación, siendo remitido al Ministerio de Hacienda. El objetivo de este plan será garantizar que cuente con suficiente financiación de los servicios públicos y para abordar sus gastos corrientes y la amortización de las operaciones de endeudamiento.
Entre las 34 entidades locales de la provincia que pueden solicitar el mecanismo se encuentran los ayuntamientos de Jerez, Cádiz y Algeciras, así como El Puerto y San Fernando.
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