Las Marchas por la Dignidad surgidas en 2014 como respuesta al entonces Gobierno del PP y sus políticas, “ejecutadas al dictado de la Troika (Fondo Monetario Internacional, Banco Central Europeo y Comisión Europea), consistentes en el robo generalizado de derechos y el empobrecimiento generalizado de la mayoría social”, siguen vivas y, en conflictos como el de la huelga del metal, la actividad bulle.
Con la participación de la Coordinadora de Trabajadores del Metal Bahía de Cádiz, (CMT), SAT Cádiz, Sindicatos de Estudiantes o CGT, el movimiento se mostró muy crítico con el acuerdo alcanzado por CCOO y UGT con la patronal para el nuevo convenio, pero ha sido especialmente beligerante por la actuación policial.
Las detenciones de seis participantes en los graves altercados registrados en las calles de Cádiz, la barriada del Río San Pedro, en Puerto Real, y en San Fernando en menor medida, han encendido nuevamente los ánimos ante lo que consideran represión por ejercer el derecho a huelga, en un discurso similar al mantenido por el alcalde de Cádiz, José María González, Kichi, y en sintonía con el de Adelante Andalucía.
El lunes, en Almería, las Marchas por la Dignidad convocaron una concentración que no estuvo exenta de polémica. Según denunció Nación Andaluza, otra de las formaciones integradas en la plataforma, la Subdelegación del Gobierno en la provincia ordenó el cambio de ubicación a Plaza del Ecuador, “una zona mucho menos céntrica de la ciudad que Puerta Purchena”, donde estaba prevista inicialmente.
A la misma hora, y sin que se produjeran incidentes, el movimiento llevó a cabo un acto de protesta en Granada, en apoyo a los detenidos del metal y con la petición de dimisión del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska. Manuel Sáenz, uno de los organizadores, lamentó que “la represión por parte del Gobierno” va en aumento y advirtió de que “se ha generalizado en Andalucía”.
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