La desconvocatoria de la huelga del metal el pasado 25 de noviembre tras nueve días de furia en las calles de Cádiz, en la barriada del Río San Pedro, en Puerto Real, y en San Fernando en menor medida no ha devuelto la normalidad a un sector sacudido por las detenciones este jueves de seis personas que participaron en los graves altercados registrados y que ha abierto un crudo debate que ha dividido a sindicatos, partidos políticos e incluso al Gobierno de coalición.
El mismo día de los arrestos, el alcalde de Cádiz, José María González, Kichi, arremetió contra el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, por ensañarse con “padres de familia” y, este viernes, IU lamentó el intento de “criminalizar las protestas” tras las detenciones y después de que trascendiera que al menos tres de los seis detenidos, incluido el protagonista entrado en años de un vídeo que se viralizó por ser reducido por un agente antidisturbio, tienen antecedentes penales de diversa consideración.
En esta línea, Manuel Balber, presidente de la Coordinadora de Trabajadores del Metal Bahía de Cádiz (CTM), lamenta “que nos tachen de delincuentes” y advierte de que las detenciones “reavivan los rescoldos” de la indignación de las “personas con conciencia”.
Balber adelanta que, esta semana, la organización se reunirá con plataformas y otras entidades sociales para impulsar una manifestación estatal en defensa de los trabajadores. “CCOO y UGT han negociado de espalda a las plantillas”, sostiene, en referencia al acuerdo alcanzado con la patronal para el nuevo convenio. “Y la gente está muy cabreada”, asegura, “porque se siente traicionada”.
La tensión entre los sindicatos y la CMT, en la que estamos los “trabajadores eventuales, precarios y represaliados”, es mayor desde el verano pasado, cuando la coordinadora consiguió paralizar la actividad de los astilleros después de que Balver y su compañero Jesús Galván fueran despedidos por Nervión, según denunciaron, por participar en el corte del puente Carranza el 13 de agosto para que las empresas auxiliares de Navantia cumplieran el convenio y en defensa de carga de trabajo.
Mañana, Balber acudirá al juzgado social número 2 de Cádiz para que se dirima si su despido fue nulo, aunque no tiene mucha esperanza de ganar el pleito; Galván perdió el suyo en septiembre.
“Es un mero trámite, las leyes no están para defender al trabajador, están para defender al empresario”, afirma. No estará solo. A las nueve de la mañana se ha convocado una concentración frente a las instalaciones en el Estadio Nueva Mirandilla para apoyarle y continuar con una lucha que no cesa.
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