Un total de 35.649 gaditanos habitan en áreas de riesgo potencial significativo de inundación (Arpsis), según el Proyecto de Revisión del Plan de Gestión del Riesgo de Inundación, correspondiente a la Demarcación Hidrográfica del Guadalete y Barbate (ciclo 2022-2027), en exposición pública desde el pasado 7 de diciembre por parte de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible.
En total, la Administración autonómica determina seis zonas con una más elevada peligrosidad por inundación fluvial y otras dos por inundación marina.
En el segundo grupo, la primera de las Arpsis afecta al municipio de Cádiz, 21.933 vecinos, atendiendo al índice máximo en 500 años y 52,17 hectáreas de superficie urbana. La otra Arpsis , denominada Bahía de Cádiz y Caño de Sacti Petri, abarca Cádiz, Chiclana, Puerto Real y San Fernando, con en torno a 2.930 habitantes en riesgo potencial por inundación, 32,90 hectáreas destinadas al cultivo de secano, y 102,89 hectáreas de suelo urbano.
El Río Guadalete, por su parte, combina una peligrosidad muy alta con valores de riesgo muy alto o casi extremo. Por un lado, entre Arcos y Jerez, la población estimada en zona inundable asciende a 1.131, más casi 4.000 hectáreas de cultivos y 8,96 de superficie urbana.
Entre Jerez y la desembocadura, incluyendo por tanto El Puerto y Puerto Real, se cuentan 3.377 gaditanos en zona inundable, 1.905 hectáreas de uso agrícola y otras 109 urbanas.
Las mayores crecidas del Río Iro, en Chiclana, podrían perjudicar a 5.361 personas y anegar 305,29 hectáreas de cultivo y 37,50 urbanas. En cuarto lugar, la Consejería señala la potencial amenaza para 601 habitantes en Alcalá de los Gazules y Barbate, 5.000 hectáreas destinadas al uso agrícola y 4,64 urbano.
Con valores altos de peligrosidad y riesgo aparecen Ubrique, con 3.338 habitantes y unas 17,13 hectáreas de suelo urbano en zona inundable , y las localidades en las proximidades del río Almodóvar, Barbate, Los Barrios, Medina-Sidonia, Tarifa, Vejer de la Frontera, con apenas 18 habitantes con peligrosidad por inundaciones, pero con más de 2.800 hectáreas ocupadas por cultivos agrícolas de secano, en una mayor proporción, y de regadío.
El documento, en plazo de alegaciones, plantea una serie de medidas que, en términos generales, son saludadas por Ecologistas en Acción. Antonio Figueroa, portavoz de la organización, destaca especialmente que el Gobierno autonómico apueste por las soluciones basadas en la naturaleza, como la restauración fluvial o las medidas de retención natural de agua, con alguna excepción.
En el caso del tramo del río Guadalete entre Arcos y Jerez, se plantea, entre otras medidas, la permeabilización del cauce con azudes y otras barreras, la mejora de la vegetación de ribera, la restauración de graveras, la aprobación de normas de explotación del azud y la adaptación de edificaciones y explotaciones agrícolas en zona inundables.
Para el Río Ubrique, aparecen propuestas como reducir la exposición al riesgo inundable ajustando los usos de suelo a los niveles de riesgo, la disminución de la pendiente en el tramo encauzado del río en su travesía por el casco antiguo y la instalación de nuevas estaciones de control a lo largo del cauce receptor del trasvase Guadiaro-Majaceite con el régimen de caudales existentes en tiempo real.
En cuanto al Río Iro, el documento recoge el fomento de implantar sistema de drenaje urbano sostenible en los márgenes y tomar medidas estructurales de defensa con intervenciones físicas, sin detallar.
Para el Río Barbate, se propone, entre otras medidas, el desarrollo de un sistema de alerta hidrológica en cabecera del arroyo Álamo o la ampliación de la capacidad de laminación de los embalses.
Y, finalmente, en el Río Almodóvar, la propuesta pasa por la limpieza, adecuación y protección del cauce del río y el recreciento del dique de collado para aumentar la capacidad de regulación de la presa.
El documento también valora objetivos más generales para gestionar los riesgos de inundación. En este sentido, observa la necesidad de mejorar la coordinación administrativa y la capacidad predictiva ante situaciones de avenida e inundaciones, mejorar la ordenación del territorio y la gestión de la exposición en zonas inundables, reducir en la medida de lo posible la peligrosidad para la salud humana, las actividades económicas, el patrimonio natural y el medio ambiente, contribuir a la mejora del estado de las masas de agua y, finalmente, agilizar al máximo posible la recuperación de la normalidad.
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