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Miércoles 18/05/2022  

Provincia de Cádiz

El juzgado cita a declarar a Beardo como investigado por la Plaza de Toros de El Puerto

Se le imputa un presunto delito de prevaricación administrativa al denegar la cesión del coso en verano de 2020 a Promoción Artísticas Culturales Guadalquivir

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  • El alcalde, Germán Beardo, y el ex concejal de Plaza de Toros Álvaro González.

El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de El Puerto ha citado a declarar como investigado al alcalde, Germán Beardo, el próximo día 11 de enero por un presunto delito de prevaricación administrativa al denegar la cesión de la plaza de toros en el verano de 2020 a la empresa Promociones Artísticas Culturales Guadalquivir.

El juzgado abrió diligencias previas a raíz de la denuncia formulada por el empresario José Montes, responsable de la firma, de lo que dio cuenta el portal taurino Mundotoro a finales de febrero. Igualmente, según fuentes del caso, tendrá que comparecer ante la jueza en febrero Álvaro González, exconcejal de Plaza de Toros.

Éste ya señaló hace unos meses que el coso nunca había sido cedida al empresario, quien anunció a todos los medios taurino de forma unilateral una corrida el 28 de agosto, sin haber firmado convenio con el Ayuntamiento ni haber recibido confirmación.

Para ello, según argumentó, era preciso contar con la cesión en firme de la plaza y los permisos de la Junta, algo que nunca se produjo.

José Montes, por su parte, sostiene que “sí había autorización, pero sorprendentemente, se nos remitió un escrito en el que se nos informaba que, dada la situación epidemiológica, se decidió no celebrar más corridas salvo las ya contratadas”.

“Sin embargo -subraya- no se suspendieron los conciertos”. Y, añade que, en octubre, con una tasa mucho mayor que en verano, “pese al rebrote, cedieron la plaza para que la escuela taurina celebrase una clase práctica”. “¿Por qué decidieron adoptar medidas drásticas en agosto y, con una situación peor en otoño, abrieron las puertas a la escuela taurina?”, se pregunta. La respuesta que da es que “el Gobierno local actuó de manera arbitaria y con mala fe contra su empresa, razón por la que el alcalde y el ex concejal tendrán que declarar”. Montes recuerda, además, que González animó a los alumnos de Espartinas, que se quedaron sin espacio para entrenar ante el avance del Covid, a que se desplazaran a El Puerto.

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