Actualizado: 01:37 CET
Jueves, 15/11/2018
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Compradores de pisos en la Casería no saben que pueden perderlo todo

Puede darse otro caso Provigades, en el que los propietarios compraron sin saber que Defensa había denegado el permiso.

  • Las torres de la Casería están pendientes de la revisión de las licencias de obras.
  • El Ayuntamiento no los ha informado de que las licencias de obras tienen que revisarse
  • El PSOE pide que no se conceda licencia de primera ocupación hasta que la justicia decida
El portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de San Fernando, Fernando López Gil, ha pedido al Ayuntamiento que no otorgue a Arenal 2000 la licencia de primera ocupación de las torres de la Casería existiendo una sentencia que declara nula la resolución por la que el Consistorio desestimaba la solicitud de revisión de la concesión de la licencia de obras a la citada promoción. 

López Gil asegura que el Ayuntamiento no ha informado a los compradores de la decisión judicial, lo mismo que hizo en el caso Provigades que está pendiente del fallo de los tribunales, donde los compradores comprobaron que habían invertido en unas viviendas que iba a ser demolidas por el Ministerio de Defensa. 

El portavoz socialista recuerda que la Justicia podría determinar que las citadas torres de pisos, construidas por la promotora Arenal 2000, sean demolidas, por lo que como mínimo acusa al Ayuntamiento de “pasividad, ya que no puede jugarse con los intereses de unos ciudadanos que de buena fe, hipotecándose durante muchos años, adquieren una vivienda que está en el punto de mira judicial y comprobando a su vez cómo el Ayuntamiento les oculta una información primordial para sus intereses". 

El Ayuntamiento al no ejercer la información a los diferentes entes que intervienen en la compraventa de inmuebles -esto es, notarías, registro, compradores- y al poder dar la licencia de primera ocupación estaría endosando un “grave problema” a unos compradores que actualmente han suscrito con la promotora un contrato privado de adquisición de alguna de estas viviendas. 

Recuerda López Gil que la postura municipal correcta, tanto de la Gerencia de Urbanismo como del propio Ayuntamiento, “si realmente quiere hacer prevalecer los derechos de la ciudadanía”, pasa por aplazar la concesión de la licencia de primera ocupación hasta una vez resuelto el conflicto y, por tanto, tras conocer el veredicto de la Justicia. 

“Hasta ahora existe una sentencia dictada por el Juzgado de lo Contencioso Administrativo nº 2 de Cádiz, de fecha 10 de diciembre de 2008. Esto debería haber sido más que suficiente para que el equipo de gobierno, a través de los mecanismos municipales, hubiese informado de la situación a los ciudadanos interesados en la adquisición de alguna de estas viviendas”, dice López Gil.

Ante otro caso Provigades
El edil ratificó que “nos encontramos con unos hechos muy graves que podrían reproducir el mismo calvario que en su momento supuso el caso Provigades, cuyo origen fue una situación idéntica a la denunciada ahora, de clara dejadez municipal, ya que no se informó a los propietarios de una veintena de viviendas que el promotor las había construido en zona militar y que pendía sobre las mismas una sentencia que decretaba su derrumbe”. 

Este silencio del Ayuntamiento a punto estuvo de arruinar la vida de muchas familias isleñas y si finalmente las casas del Paseo Capitán Conforto permanecen hoy en pie y pudieron salvarse del derribo fue gracias a la buena predisposición mostrada por el Ministerio de Defensa. Según los socialistas, lo mismo está sucediendo con las torres de La Casería de Ossio, en el que todo el proceso judicial puede concluir decretando la demolición de los bloques de viviendas construidos por Arenal 2000. 

Y es que la forma urbanística elegida para permitir la edificación de estas torres permitió al equipo de gobierno aprobar un desarrollo en la zona sin que los informes negativos dictaminados por otras administraciones resultasen vinculantes, dice el PSOE. 

Esta actitud municipal se ha revelado como “irregular" por lo que tiene que iniciarse nuevamente todo el proceso que desembocó en la urbanización de la zona al más propio estilo del Torremolinos de los años 70. “Si como nos suponemos los informes son negativos, el desarrollo urbanístico de la franja litoral de La Casería se considerará ilegal y tendrá que procederse a la demolición de todas las construcciones”, manifestó. 

A la espera de concesión
Actualmente las torres se encuentran a la espera de la concesión por parte del Ayuntamiento de la licencia de primera ocupación. Si desde el gobierno municipal se diese ese paso y finalmente las torres se declarasen ilegales “los compradores tendrían unas casas que se tirarían y una hipoteca que pagar, siendo corresponsable de la situación que se generase el Consistorio”. 

Por tanto “si el Ayuntamiento actúa dando la licencia de primera ocupación, el PSOE procederá con todas las consecuencias sobre quienes así lo permitan porque serían responsables de un hecho delictivo ya que el Ayuntamiento es conocedor de la sentencia de fecha 10 de diciembre de 2008 y sabe también que no debe conceder ninguna licencia de primera ocupación hasta que el asunto quede totalmente resuelto por los tribunales”, ratificó. 

Esta situación ha sido puesta en conocimiento no sólo del Ayuntamiento y la Gerencia de Urbanismo, sino que un grupo de abogados de la localidad han informado de este hecho a las distintas notarias y al propio Registro de la Propiedad para que así los posibles compradores tengan toda la información necesaria. 

Por último, López Gil quiso llamar la atención sobre la actitud que desde el comienzo de la legislatura está manteniendo los ediles del PP, “unos concejales que han aprobado la construcción de más torres de pisos en los antiguos terrenos de FSC y de cuyo desarrollo pueden ser cómplices estas tres torres de La Casería. Hacemos un llamamiento al PP para que colabore en el cumplimiento de la legalidad, no permita la concesión de licencias de primera ocupación y no perjudique con su actitud a los posibles compradores”.

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