Como he venido comentando en este espacio de opinión, la demagogia barata y el populismo se han instalado, fundamentalmente a través de Podemos, en nuestra sociedad. La terrible crisis económica que hemos atravesado, negada por Zapatero una y otra vez, quién no aporto ni una sola solución a la misma y mandó a media España al paro, trajo de la mano del PP los inevitables recortes económicos en todos los ámbitos de la vida pública, con el objetivo no de que no fuéramos intervenidos económicamente como lo fue Grecia; país modelo a seguir en ese momento por los líderes neocomunistas de Podemos, quienes apoyaban sin fisuras a los líderes “salvapatrias” recién llegados al poder en Grecia. Las consecuencias en una y otra economía han sido claras: mientras que el neocomunismo en Grecia ha reducido en estos últimos años 8 veces las pensiones, en España, en una situación de práctica suspensión de pagos, con nuestra banca rescatada y la prima de riesgo por encima de 600, el gobierno del PP no ha dejado ni un solo mes de abonar las pensiones, el día 23 o 24 de cada mes, así como las nóminas de los funcionarios públicos. Ahora, vísperas de las elecciones y en fase de crecimiento económico, de nuevo gracias a los mismos de siempre, todos los colectivos, pensionistas, policías, profesores, jueces, fiscales, sanitarios…etc., están reivindicando subidas en las prestaciones y en los salarios, en la mayoría de los casos basadas en las grandes desigualdades que se han producido en este país, todavía llamado España, como consecuencia del Estado de las Autonomías. El nacionalismo excluyente ha abierto una brecha muy importante entre los españoles. En Cataluña o en el País Vasco, los sueldos de los funcionarios son muy superiores a los del resto de España, haciendo añicos el famoso artículo 14 de la Constitución Española, el que menos se cumple de todos, relativo a la igualdad de todos los españoles. Mentira. Sin ninguna duda, es necesario mantener el poder adquisitivo de las pensiones e incrementar las más reducidas para que cada día sean más justas. Incrementar las pensiones conforme la subida del IPC supondría, según los expertos, un coste de unos 1.000 millones de euros apropiadamente. ¿De dónde se sacan? Yo lo tengo clarísimo: empezar a reducir el gigantesco tamaño de la administración autonómica, la gran chapuza de la Transición, que ha consistido en fabricar gobiernos autonómicos con estructuras de Estado, duplicando innecesariamente las estructuras y recursos del Estado. Sirva como ejemplo otra situación que también he denunciado en esta columna: en Jaén hay un barrio que alberga una guardería del Ayuntamiento, otra de la Junta de Andalucía, otra de la Diputación provincial y otra del Ministerio de Asuntos sociales. Rajoy, usted mejor que yo sabe que el dinero es finito y que se trata de prioridades. Es mejor cabrear a 17 políticos presidentes autonómicos que a 9 millones de pensionistas y funcionarios. Con la reducción de cargos políticos autonómicos, tendríamos miles de millones de euros para otras prioridades más urgentes, como las pensiones, los salarios, la sanidad, la educación, la seguridad, etc. Hemos alimentado un monstruo autonómico que se come todo lo que producimos.
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