La Avenida Gual Villalbí cambió de nombre con el pretexto de quitar símbolos franquistas. En realidad, podría haber sido comprometido que alguien se preguntara quien fue aquel personaje. Porque habría descubierto que, en aquel tiempo, se hacían viviendas para las familias necesitadas. Ha habido que derribar y reconstruir muchas de ellas, sí; eran pequeñas y estaban hechas de prisa. También. Con toda la prisa exigida por las condiciones creadas por una riada destructiva, que dejó al aire todas las carencias, todas las miserias acumuladas en una ciudad en la que vivían, convivían o malvivían hasta cuatro familias en un piso de ochenta metros cuadrados, o en un corral a habitación por familia. A lo que se ha vuelto, sin que sea posible vislumbrar ningún Pedro Gual Villalbí, ni ningún Gregorio Cabezas.
Gregorio Cabezas no se escondía tras ninguna secretaria, escuchaba, resolvió el problema de muchas familias, y ofreció viviendas provisionales mientras se hacían las definitivas. La construcción continuó hasta el fin de la dictadura, para escarnio de quienes se auto proclaman “progresistas”: los no subsidiados por el Gobierno del General, pero mantenidos por el capitalismo alemán o americano. Era un régimen totalitario; lamentable. Lamentable, también, que un régimen pretendidamente democrático -más lamentable aún por ser democrático o simularlo- pueda llevarnos a añorar a aquel, aunque sólo sea en algunos detalles, pero en algunos detalles importantísimos, como que aquellas viviendas se podían pagar. Que el importe total desembolsado por las últimas, las más valoradas, traducido a la moneda actual, ni por asomo llegarían a los cincuenta mil euros, mientras las actuales empresas municipales las venden en ciento cincuenta mil, con unos filtros de difícil superación, como si estuvieran haciendo un favor.
Ahora la autoridad ¿competente? tras dejar de considerar la vivienda un derecho, se permite ofrecer unas llamadas “ayudas al alquiler”. Por suerte no han especificado a quien va dirigida la ayuda, porque su sólo enunciado hace subir precios por la rapiña de propietarios, quienes lo elevan, para beneficiarse con una buena parte de la supuesta subvención, y de inmobiliarias, quienes utilizan como gancho el precio con el descuento ya aplicado, independientemente de que luego se obtenga o no. Y de que se perciba a tiempo o que su falta de percepción provoque nuevos desahucios. Verdadera maniobra de la desvergüenza y el engaño institucionalizado, mientras los servicios ¿sociales? se permiten aconsejar la vuelta al pasado anterior a la gran riada de 1961. Lamentable que esos pretendidos servicios sociales, como alternativa a la concesión de una vivienda -necesaria para cualquier mortal- en una ciudad con más de cien mil vacías, “sugieran” que se viva en una habitación. Aunque ahora, eufemísticamente, se disfrace con el apelativo de “vivienda compartida”. No puede darse un trato más inhumano, ni puede haber un comportamiento más anti social. La autoridad debería aclarar si esos sueldos se abonan solamente para aparentar, para hacernos creer que trabajan contra la pobreza mientras la fomentan.
