Lo que inventan. Mejor, lo que maquinan. Las agencias inmobiliarias hace tiempo quedaron en servidores de la propiedad, aunque cobran del inquilino. Caso único de servir a uno y despreciar al que paga. Con la “burbuja inmobiliaria” los precios subieron a unos niveles insuperables, mantenidos por el Gobierno con sus leyes a favor de la especulación y sus falsas medidas de “ayuda al alquiler” y fomentado por las inmobiliarias, quienes, en su mayoría, tienen ganado el sueldo con alquilar dos pisos al mes. Pero las vueltas de tuerca son vueltas de tuerca, para empeorar. Siempre. Ahora llaman “alquiler seguro” a subir el importe a pagar para entrar en una vivienda, entre meses de fianza, seguros y comisiones. Intentan “comprar” al propietario ofreciendo “cobrar puntualmente cada día 5”, la promesa más “política” por lejana a la realidad. Las cortas patitas de la mentira descubren el verdadero interés especulativo e inhumano de quienes quieren vivir a costa de la miseria de los demás. Prefieren no saber que el mejor seguro de cobro es un precio razonable. Que la cuota mensual mínima de 500 euros no está en línea con los ingresos reales de la inmensa mayoría. Se contradicen cuando reconocen que no es posible pagar más del 30% de los ingresos y luego exigen un 80% del sueldo medio, y hasta más del cien por cien. Se ridiculizan a sí mismos cuando hablan de bajada de precios, porque un3,8% es una cantidad ridícula, para algo que ha subido hasta treinta veces su valor. Se contradicen o mienten. Mienten. Y acusan descabellada y desvergonzadamente a las personas necesitadas de vivienda, cuando aseguran que “la gente quiere vivir por encima de sus posibilidades”, mientras en barrios apartados están cobrando 700 euros por un piso de sesenta metros. Los únicos que viven por encima del mérito de su trabajo son ellos y los propietarios a quienes ayudan a mantener esos precios desorbitados.
Los propietarios arrendadores son los únicos negociantes que tienen garantizado un juicio rápido contra los deudores de sus desquiciados precios. Y ahora una empresa inmobiliaria, que utiliza palabras insultantes contra sus propios clientes (clientes son los que pagan, no los que cobran), se permite ponerle más dificultad al arriendo, al elevar hasta dos o tres mil euros la cantidad necesaria para rellenar el contrato. Como siempre, la avaricia descubre al avaricioso y lo deja sin armas: cuanto más encarezcan el acceso al alquiler, más difícil lo ponen, más problemático es alquilar, pero no sólo para el inquilino; también están creando dificultad al arrendador, a quien demoran la obtención de rendimiento e incluso le impiden obtenerlo. Al final, se están responsabilizando de que las viviendas continúen vacías, para mal de unos y de otros.
La avaricia perjudica a todos, y el Gobierno lo agrava, al convertir en una aventura peligrosa alquilar un piso y en trashumante al arrendatario. La protección al propietario cobraría sentido si el propio Gobierno facilitara vivienda a los necesitados y en vez de crear más dificultades a las familias con bajos recursos, hiciera por mejorárselos de la única forma posible: creando empleo.
Como de costumbre, la misma conclusión decepcionante: sólo una acción decidida de las administraciones puede poner freno a esta escalada especulativa que, de hecho, anula el precepto constitucional del derecho a una vivienda digna.
