Sí, la que le puede caer al señor Romero, alcalde de Los Barrios, por su ineptitud y su incompetencia, pero, fundamentalmente, por su soberbia y su estúpida testarudez, puede no ser menuda sino más bien gorda.
Eso, por supuesto, si prosperan las demandas puestas ya en curso, y las que en próximas fechas se podrían interponer ante los tribunales, por posible vulneración de derechos y acoso, delitos de los que, presuntamente, han sido y están siendo víctimas algunos trabajadores, entre ellos varios agentes del Cuerpo de la Policía Local. Un hecho este bastante bochornoso, tan bochornoso como lo ha sido gran parte de la gestión de este nefastísimo primer edil, capaz hasta de utilizar el registro de defunciones de la ciudad que gobierna con tal de hacerse campaña.
La noticia difundida este pasado fin de semana sobre la probable apertura de una nueva causa en los juzgados por perseguir durante años a un empleado del Ayuntamiento, en este caso un funcionario de la Policía Municipal, abusando de su autoridad, resume, por desgracia, lo que han sido los dos mandatos de Jorge Romero al frente de la alcaldía. Y digo que los resume porque tal clase de comportamiento, “indigno de un representante público”, como bien señalara ya en una de sus sentencias un magistrado de la jurisdicción de lo social, no puede considerarse excepcional en la trayectoria de Romero, como alcalde, sino, lamentablemente, todo lo contrario, casi lo habitual en el día a día, prodigándose, como se ha prodigado, en la reincidencia.
El contenido del duro y demoledor informe de la fiscalía que hace poco más de una semana conocíamos –a raíz de la denuncia infundada que en su día presentó, valiéndose de los recursos públicos, contra otro miembro del Cuerpo de la Policía Local, que, además, es dirigente del sindicato USB–, y sobre el que todavía no ha tenido la vergüenza de dar explicaciones, lo dice todo, y muy clarito, por cierto.
Resulta inmoral y, sobre todo, inadmisible que un regidor en el ejercicio de su cargo gaste parte de lo recaudado con los impuestos de los ciudadanos en financiar sus batallas y venganzas personales. Inmoral, inadmisible y, lo más importante, sancionable y punible, con la legislación por la que se rige nuestro ordenamiento jurídico en la mano. Pues no estamos hablando de una insignificante cantidad de dinero, sino de cientos de miles de euros, varios millones, si se incluyen los costes que para el Consistorio han tenido los despidos que se efectuaron en febrero de 2012.
En el citado informe, afirma el fiscal jefe del Área de Algeciras, Juan Cisneros, que Romero podría haber incurrido, cuando menos, en malversación. Aunque la tipología de las figuras delictivas aplicables al susodicho podría ampliarse teniendo en cuenta la gravedad de determinadas actuaciones, llevadas a cabo con premeditación, alevosía y persistencia o continuidad en el tiempo. La pregunta que cabe hacerse, por tanto, es si, siendo como es así, y en cumplimiento de su deber, el señor Cisneros habrá dado orden para que, de oficio, también en ese asunto que afecta al presidente de la Unión Sindical Barreña, se incoen las oportunas diligencias.
El pueblo de Los Barrios no se merece estar representado ni un minuto más por un individuo irresponsable, sin escrúpulos y falto de empatía.
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