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Miercoles, 23/10/2019

Opiniones de un payaso

El problema de España

El eterno problema de España, o esta España como problema, a decir de muchos, sigue vivo. Ese mismo por el que se partió los sesos, dicho sea en sentido figurado, la intelectualidad de este país de países en una época en la que se tomó conciencia de su identidad múltiple y su unidad quebradiza...

El eterno problema de España, o esta España como problema, a decir de muchos, sigue vivo. Ese mismo por el que se partió los sesos, dicho sea en sentido figurado, la intelectualidad de este país de países en una época –finales del siglo XIX y primera mitad del XX– en la que se tomó conciencia de su identidad múltiple y su unidad quebradiza. En nuestra memoria quedan los nombres de ilustres como Ramón y Cajal, Ganivet, Menéndez Pelayo, Maeztu, Unamuno, D'Ors, Ortega y Gasset o Sánchez Albornoz, entre otros.
La Guerra de Sucesión sirvió para abrir la caja de los truenos. La Guerra Civil de 1936 la hizo explotar. Y los 40 años de dictadura fascista lejos de erradicar o hacer olvidar el asunto más bien contribuyeron a su radicalización.
La Constitución de 1978 y el desarrollo del estado de las autonomías a lo largo de las tres últimas décadas ha sido un intento, en parte exitoso en parte fallido, para solventarlo. Y en esto llegó Zapatero, con su bondad y su idealismo, queriendo pasar a la historia –¡pobre iluso!– como el único capaz de poner puertas a este coto sin vallado. Lo que dio pie a aquella oleada de reformas estatutarias y a todo aquel agrio debate ideológico, de infausto recuerdo, en el que sobró la demagogia, como casi siempre, y faltó sentido de estado, por parte de unos más que de otros, hace apenas 6 años.
No es casual, pues, que la aspiración independentista de una parte no sé si mayoritaria de la sociedad catalana, que siempre ha estado presente, desde la génesis del moderno estado español, salte de nuevo a la palestra y el catalanismo vuelva por sus fueros. La crisis ha hecho en este sentido su trabajo y, desde luego, el empeño de algunos por demonizar el proceso autonómico también. Un empeño injusto e injustificado alimentado por una derecha heredera del franquismo que jamás vio con buenos ojos eso de la descentralización administrativa y –bueno es que se sepa– otorgó un sí al Título VIII de nuestra Carta Magna con la boquita pequeña y a regañadientes, si es que se lo dio.
No hay que olvidar que el desarrollo de las autonomías ha tenido que ir improvisándose y es comprensible que así haya sido. La experiencia era para la España postfranquista de la década de los 80 extremadamente novedosa. Y no hay que olvidar tampoco que la organización territorial que le sirve de marco adolece de inconcreciones, dualidades y otros defectos porque empezó a concebirse y diseñarse en aquel ambiente aún incierto de recelos y precauciones hacia determinados entusiasmos libertarios que imperó durante la transición.
Cargar las tintas por el déficit contra las CC.AA. y convertir a estas en el chivo expiatorio por lo que está ocurriendo resulta desatinado e irresponsable. Entre otras razones, porque las administraciones autonómicas como el resto de administraciones están como están no por exceso de gasto, aunque este haya podido ser mucho, sino por la caída de ingresos y, sobre todo, por el colapso del sistema bancario que dificulta o imposibilita su financiación.
Con esto no estoy diciendo que no haya que corregir, mejorar o racionalizar las estructuras y el funcionamiento de las autonomías. Por supuesto que sí. Que hay que hacer eso y quizá todavía más. Entre otras cosas, para que no se construyan aeropuertos que no se utilizan y para nada sirven, por ejemplo. Así como reinventar mecanismos que eviten abusos y despilfarros. Pero lo que no se puede pretender es que liquidemos o transformemos ahora la administración territorial del estado en un santiamén y de un plumazo.
Si nos dejamos arrastrar por esa deriva, y hay ya quien teniendo asumidas altas responsabilidades políticas lamentablemente hasta aboga por ello, corremos el riesgo de terminar un día de estos eliminando el sueldo no ya de diputados autonómicos, como se le ha ocurrido  proponer a la señora De Cospedal, sino incluso el de congresistas y senadores  y minimizando el papel de Las Cortes, pilar de nuestra democracia. Casi ná.

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