Aseguran que protegió a un narcotraficante hondureño a cambio de grandes sobornos, incluso usando al Ejército para facilitar sus actividades
Fiscales federales de EE.UU. aseguran que el presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, protegió a un narcotraficante hondureño a cambio de grandes sobornos, incluso usando al Ejército para facilitar sus actividades, lo que ahonda en las acusaciones que ya plantearon durante el juicio por tráfico de drogas contra su hermano Juan Antonio.
En un documento presentado a última hora del viernes ante un tribunal de Nueva York, los fiscales detallan la supuesta relación del gobernante con Geovanny Fuentes Ramírez, presunto narcotraficante hondureño que fue detenido en Miami el pasado mes de marzo.
El escrito de la Fiscalía se enmarca en el caso contra Fuentes Ramírez y en él no se nombra explícitamente al presidente hondureño, al que se identifica como cómplice o coconspirador número 4 (CC-4), pero su identidad es fácilmente reconocible por las referencias a su cargo y a su hermano Juan Antonio "Tony" Hernández, que fue declarado culpable de narcotráfico en Estados Unidos.
Según los fiscales, Fuentes Ramírez mantuvo varios encuentros en 2013 y 2014 con Juan Orlando Hernández y le pagó grandes cantidades de dinero para que protegiera sus actividades y aceptase usar a las fuerzas armadas como protección para sus actividades de narcotráfico.
Hernández, además, animó al supuesto narcotraficante a trabajar con su hermano y le mostró interés por tener acceso a su laboratorio de drogas por su cercanía a Puerto Cortés, señala el documento.
Durante esas reuniones, Hernández aseguró -siempre según el relato de los fiscales- que quería hacer creer a Washington que Honduras estaba combatiendo el narcotráfico, pero que en realidad iba a eliminar la extradición al país y “meterles drogas por las narices a los gringos”, en referencia a una supuesta voluntad de “inundar Estados Unidos con cocaína”.
Además, aseguran que Hernández describió en esos encuentros su participación en una corrupción generalizada dentro del Gobierno hondureño, que incluía el desvío de ayudas estadounidenses y de fondos del sistema de Seguridad Social del país.
Este documento ahonda en las acusaciones ya presentadas previamente por los fiscales estadounidenses, que entre otras cosas aseguraron durante el juicio contra su hermano tener pruebas de que el presidente recibió más de un millón de dólares del narco mexicano Joaquín el “Chapo” Guzmán.
Hernández, que ganó las elecciones en 2013 y fue reelegido presidente en 2017, siempre ha negado las distintas acusaciones, al asegurar que las alegaciones provenientes de narcotraficantes confesos, en las que se basa el grueso de la información recopilada por las autoridades estadounidenses, no son creíbles.
