El TSJM ha pedido documentación de la Fundación que organizó la visita papal

Publicado: 20/11/2009
La portavoz del Gobierno valenciano, Paula Sánchez de León, afirmó ayer que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), en su investigación del caso Gürtel, pidió documentación sobre la Fundación del V Encuentro Mundial de las Familias, organizadora de la visita del Papa a Valencia.
La portavoz del Gobierno valenciano, Paula Sánchez de León, afirmó ayer que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), en su investigación del caso Gürtel, pidió documentación sobre la Fundación del V Encuentro Mundial de las Familias, organizadora de la visita del Papa a Valencia.

Las declaraciones de Sánchez de León, hechas en la rueda de prensa posterior al pleno del Consell, se unen a las realizadas por el director general de Radiotelevisión Valenciana (RTVV), José López Jaraba, que informó que el contrato del ente con uno de los proveedores de la vista del Papa, Teconsa, fue remitido al TSJM.

Un informe policial revela que RTVV pagó 6,4 millones de euros a Teconsa para la sonorización del acto, un trabajo que ésta subcontrató por tres millones, y que la trama Gürtel se llevó un millón de euros en comisiones.


Sánchez de León fue preguntada sobre si el TSJM pidió alguna documentación a algún organismo público de la Generalitat, a lo que ha respondido que ha pedido documentación sobre la Fundación del V Encuentro Mundial de las Familias y desconoce que haya requerido “algo más de lo que ya se sabe”.

Por otra parte, preguntada sobre si el Consell pediría la anulación del proceso contra el president de la Generalitat, Francisco Camps, por el caso Gürtel si se comprobara que las grabaciones telefónicas en las que aparece fueron realizadas por el sistema de escuchas Sitel, recordó que ya ha dado la opinión del Consell “en repetidas ocasiones sobre esto”.

Reiteró que “no están suficientemente garantizados los derechos fundamentales, no con el sistema, sino con la forma en la que se está aplicando”, y añadió que, si se llegara a demostrar que han sido vulnerados algunos derechos, se ejercerían las acciones “necesarias para restituir los derechos vulnerados”.

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