En un auto notificado ayer, el magistrado procesa a los somalíes Abdu Willy y Raageggesey Adji Haman por 36 delitos de detención ilegal y uno de robo con violencia y uso de armas, pero no por el de asociación ilícita que les había imputado su compañero Baltasar Garzón, pero que la Fiscalía nunca incluyó en sus calificaciones.
La retirada de ese delito, según el abogado Francisco Javier Díaz Aparicio, defensor de Abdu Willy, hace posible que a los dos presuntos piratas se les aplique el artículo 57.7 de la Ley de Extranjería, que prevé la expulsión del territorio nacional de los extranjeros procesados o inculpados por delitos castigados con menos de 6 años de prisión.
La Fiscalía, sin embargo, tiene una opinión muy distinta sobre el futuro del caso, según informaron ayer fuentes del Ministerio Público, que han señalado que “no hay causa legal” para aplicar la Ley de Extranjería y que han llegado a calificar de “fraude de ley” esa posibilidad.
De hecho, la Fiscalía calcula que, teniendo en cuenta las penas por los delitos de detención ilegal –de 6 años a 10 años de cárcel– y de uso de armas –de tres años y medio a cinco años–, la petición podría ir de los 219 años a los 365 años de prisión, y las fuentes consultadas han señalado que, con las pruebas con las que cuenta, el fiscal solicitará penas altas.
Según el auto de procesamiento dictado por Pedraz, las pruebas que incriminan a los dos detenidos son los informes de la Comisaría General de Información y del Estado Mayor de la Defensa, los reportajes fotográficos y el material incautado: 2.500 dólares, seis móviles de la tripulación del pesquero, efectos del barco -como una navaja de Albacete- e instrumentos con el anagrama de la UE.
En esos informes, han explicado fuentes jurídicas, se precisa que la detención de los supuestos piratas se produjo fuera de las aguas territoriales de Somalia puesto que se efectuó a 120 millas de las costas somalíes y, según la Convención de Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, el mar territorial llega hasta las 12 millas desde el litoral.
Los informes confirman además que el Alakrana es un buque registrado en España aunque no enarbolara la bandera española en el momento en el que fue secuestrado.
En el escrito que el fiscal jefe de la Audiencia Nacional, Javier Zaragoza, presentó a Pedraz el pasado sábado reclamaba “con la mayor celeridad posible” el procesamiento de los detenidos y la conclusión de la causa para que pudiera ser tramitada ante la sala de lo penal.
A esa petición se referió ayer el fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido, que ha señalado: “La Fiscalía actuará en este caso conforme a derecho. Y lo único que le corresponde es acelerar el proceso para que se celebre el juicio de la forma más rápida posible y, naturalmente, calificarlo siempre y en todo caso conforme a derecho”.
También el ministro de Justicia, Francisco Caamaño, se ha referido a la causa judicial abierta a raíz del secuestro del Alakrana y ha dicho que tanto el Gobierno como los jueces trabajan para que el asunto se resuelva lo antes posible.
El titular de Justicia, Francisco Caamaño, se mostró convencido de que el juicio a los dos presuntos piratas detenidos se celebrará con todas las garantías.
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