Como responsable del Comité de Coordinación, la vicepresidenta ha asumido “todas las responsabilidades” en la gestión de la crisis del atunero vasco, recalcó que todas las decisiones se han tomado por unanimidad y subrayó que “no ha habido, ni habrá discrepancias” en el seno del Gobierno.
Tras señalar que “el Gobierno actúa de forma coordinada y sin fisuras, siempre al amparo de las leyes” naciones e internacionales, pidió la colaboración “a todos” porque las especulaciones “no son buenas” y “ya habrá tiempo” para enjuiciar el asunto una vez que finalice el secuestro.
Por otra parte, fuentes del Ejecutivo apuntaron que el Gobierno descarta ya la posibilidad de que los dos piratas encarcelados sean juzgados en Somalia y sigue estudiando la posibilidad de que cumplan su condena en su país de origen, una vez que sean juzgados por la Audiencia Nacional.
El presidente del Consejo General de la Abogacía de España, Carlos Carnicer, consideró que en este momento es “prioritario garantizar los derechos humanos a los pescadores secuestrados”.
Sin embargo reconoció que “quizá haya demasiado ruido para una situación tan delicada” e insistió en que “todos” deben colaborar para solucionar un “problema de derechos humanos” que afecta a los 36 pescadores secuestrados
El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz pidió a la Comisaría General de Información de la Policía Nacional que le concrete el punto exacto del Océano Índico donde fue secuestrado el Alakrana y al Estado Mayor de la Defensa que le informe bajo qué pabellón (nacionalidad) navegaba el barco.
El magistrado adoptó esta decisión después de que el abogado del somalí detenido Abdu Willy le haya solicitado que se concrete la bandera que portaba el atunero y dónde fue secuestrado.
Según el letrado Francisco Javier Díaz Aparicio, “ha trascendido que el pabellón enarbolado por el Alakrana era distinto al español, concretamente la bandera del País Vasco”.
Mientras continua la polémica sobre los dos piratas encarcelados en España, un avión del Ministerio de Defensa partió ayer a las islas Seychelles con los 54 agentes de seguridad privada que se embarcarán en los atuneros españoles.
Un Boeing 707 del 47 Grupo de la Fuerza Aérea Española, que salió del aeropuerto de Alicante, tenía previsto llegar a Port Victoria (Islas Seychelles) en la madrugada de hoy sábado, tras hacer una escala previa en Yibuti.
Los vigilantes que finalmente viajan a Seychelles forman parte del grupo de 60 agentes, de la empresa Segur Ibérica, que han recibido esta semana un curso intensivo de apoyo a la formación en la Escuela de Infantería de Marina General Albacete y Fuster, ubicada en la Base Naval de la Algameca, en Cartagena (Murcia).
El padre de uno de ellos explicó a Efe que su hijo, de 31 años, se presentó voluntario para esta misión por “vocación” y por el sueldo y concretó que perteneció durante tres años al Grupo de Operaciones Especiales (GOE) y que ahora es “mileurista” trabajando como guarda jurado en Alicante.
Aseguró que su hijo está “preparado” para proteger al atunero español que le toque proteger y ha añadido que se ha ido “tranquilo, sin nervios y sin miedo”.
En el plano político, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, dijo que la actuación del Gobierno en el caso Alakrana es en mayor parte “ilegal” y desconocida para los ciudadanos.
En el Congreso, el PP pidió al Ejecutivo, mediante una moción, que aumente de forma “inmediata” la seguridad de los pesqueros y despeje los impedimentos técnicos y jurídicos que puedan dificultar la protección de los buques españoles en aguas internacionales por parte de los militares.
También el BNG, en una proposición no de ley, ha solicitado al Gobierno que realice las gestiones necesarias ante la UE para que la operación Atalanta reconozca a los pesqueros de la flota atunera congeladora como “objetivo prioritario” a proteger.
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