Las autoridades sudanesas anunciaron hoy que el Ejército tomó el control de todas las sedes del Aparato de Seguridad e Inteligencia, un día después de un tiroteo en las cercanías del edificio en el que murieron dos soldados a manos de los efectivos de inteligencia no conformes con la indemnización que se les había ofrecido.
El presidente del Consejo Soberano, máximo órgano de gobierno del periodo transitorio, Abdelfatah al Burhan, anunció este miércoles en rueda de prensa que "todas las sedes del Aparato de Inteligencia General están bajo el control de las Fuerzas Armadas", informó la agencia de noticias estatal SUNA.
Al Burham, acompañado por el primer ministro Abdallá Hamdok, también aseguró que el espacio aéreo se reabrió, después de que permaneciera cerrado unas horas durante los incidentes, y "la vida volvió a la normalidad".
Por su parte, el jefe de Estado Mayor, Mohamed Osman al Husein, dijo que el tiroteo de ayer entre los efectivos de inteligencia y el Ejército resultó en la muerte de dos uniformados y cuatro heridos, aunque destacó que las fuerzas de seguridad lograron poner fin a la disputa con las "mínimas pérdidas".
La violencia de ayer hizo saltar las alarmas en las calles de Sudán, que está atravesando una delicada transición después del derrocamiento del presidente Omar al Bashir el pasado mes de abril y actualmente está gobernado por militares y civiles gracias a un acuerdo que ambos alcanzaron en agosto.
El Aparato de Seguridad e Inteligencia, acusado de la represión durante la dictadura de Al Bashir, dijo en un comunicado que algunos de los integrantes del Comité de Operaciones se opusieron a la cantidad de dinero que se les ofreció en concepto de indemnización "en el marco de la reestructuración" del cuerpo.
Las autoridades sudanesas, sin embargo, calificaron los incidentes de ayer de "acto de rebeldía" y el Fiscal General pidió un juicio urgente para los efectivos de la inteligencia, además de las investigaciones pertinentes sobre los hecho y la "reconstrucción" del aparato.
Según el fiscal, la rebeldía en el país se castiga con pena de muerte o cadena perpetua, dijo en un comunicado.
Para calmar la situación, Al Burhan aseveró que el país "repelerá cualquier intento de abortar la revolución" y aseveró que el Ejército no acepta un golpe contra la "legitimidad revolucionaria".
Tras la caída de Al Bashir, se decidió desmantelar el Comité de Operaciones, compuesto por unos 13.000 hombres, a los que se les propuso integrarse en el Ejército, las Fuerzas de Apoyo Rápido o la Policía, y la mayor parte optó por el despido con indemnización.
De esa forma, el Aparato pasaría a desarrollar labores sólo de inteligencia y no de seguridad, y dejaría de tener fuerzas bajo su mando.
Durante las protestas en contra del dictador que después de unos cuatro meses forzaron la intervención del Ejército para apartarle de la Presidencia, el temido Aparato de Seguridad e Inteligencia fue acusado de una dura represión y de matar a decenas de manifestantes.
Una de las principales demandas de los manifestantes y de las fuerzas políticas opositoras de Sudán era precisamente el desmantelamiento de ese cuerpo de seguridad y que se juzgara a los responsables de la represión, que dejó cientos de muertos durante las protestas entre diciembre de 2018 y junio de 2019. E
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