Tras días de largas reuniones, desacuerdos y aplazamientos, la principal plataforma opositora de Sudán y la junta militar que derrocó al presidente Omar al Bashir el pasado abril han firmado un pacto político para repartirse el poder durante la etapa transitoria hasta la celebración de elecciones.
Ambas partes habían alcanzado un acuerdo el día 5 de julio, pero la firma física del documento se había venido retrasando hasta este miércoles, entre negociaciones sobre los últimos detalles del texto, logrado con la mediación de la Unión Africana (UA).
Tras una reunión que dio comienzo en la noche del martes, las dos partes rubricaron finalmente el acuerdo a primera hora de hoy en el Hotel Corithia de Jartum, mientras que decenas de ciudadanos lo celebraron en las calles de la capital.
El acuerdo estipula la creación del Consejo Soberano, que presidirá el país durante la etapa transitoria de 39 meses y estará formado por 11 miembros (5 militares y 5 civiles, y una persona de consenso).
El órgano estará liderado por un militar durante los primeros 21 meses y los restantes, por un civil.
Además, la oposición elegirá un primer ministro que deberá formar un gabinete de 20 miembros independientes, que necesitarán el respaldo del Consejo Soberano, aunque los ministros de Defensa e Interior serán elegidos por los uniformados.
Las prerrogativas de ambos consejos serán determinadas posteriormente en un decreto constitucional y es que precisamente los poderes del Consejo Soberano, así como la posible inmunidad de sus miembros, habían representado los principales puntos de disputa que retrasaron la firma definitiva del acuerdo.
Otras de las cuestiones que había supuesto un obstáculo era la insistencia de la oposición de que se investigue la muerte de manifestantes durante la revuelta en Sudán, sobre todo en el transcurso del desmantelamiento de la acampada frente a la sede del Ejército en Jartum, el pasado 3 de junio.
El texto finalmente incluye la formación de un comité independiente para investigar los acontecimientos sangrientos del 3 de junio y otras violaciones.
Sin embargo, esos incidentes no han impedido que el general Mohamed Hamdan Dagalo, alias Hemedti, haya sido el encargado hoy de firmar el acuerdo en nombre de la junta militar, a pesar de que el cuerpo que él lidera, las Fuerzas de Apoyo Rápido (FAR), están acusadas de haber llevado a cabo el desalojo violento de la acampada y de haber cometido otros abusos contra los opositores.
Por su parte, Ahmad al Rabiaa firmó en representación de las Fuerzas de la Libertad y el Cambio, una amalgama de partidos políticos y grupos civiles que han liderado el movimiento de protesta en las calles y las negociaciones políticas.
El mediador de la UA, Mohamed Hassan Labat, que estuvo presente en la firma, aseguró que el documento es "un gran acuerdo que representa una paso determinante y abre una nueva era", pero recordó que ahora falta "estudiar una Constitución".
Además, el actual acuerdo no incluye la formación del Consejo Legislativo, que será decidido posteriormente porque los dos bandos no consiguieron llegar a un consenso sobre este Parlamento transitorio.
Las Fuerzas de Libertad y el Cambio piden tener el 67 % de los miembros y dejar el 33 % restante a otras fuerzas que no estén presentes en la plataforma, pero la junta militar rechaza que el órgano esté dominado por los civiles.
Asimismo, algunos componentes de la coalición opositora y otras fuerzas políticas han mostrado su descontento.
El partido comunista sudanés, integrado en las Fuerzas de la Libertad y el Cambio, rechazó el pacto porque establece el reparto del poder con los militares en lugar de la transición a un Gobierno puramente civil.
La formación política también señaló en un comunicado que el acuerdo no incluye juzgar a los "responsables corruptos" del régimen de Al Bashir, ni recuperar los fondos sustraídos por ellos durante los 30 años de mandato del expresidente.
También la alianza rebelde Frente Revolucionario, que incluye a los movimientos armados de Darfur y las regiones de Kordofán del Sur y Nilo Azul, rechazó el pacto firmado hoy porque no aborda los conflictos en esas regiones, ni la cuestión de los desplazados y refugiados.
Unos conflictos enquistados, una economía con números rojos y complicadas relaciones regionales e internacionales son sólo algunos de los retos a los que tendrán que hacer frente las nuevas autoridades que gobernarán Sudán.
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