La Asamblea Nacional Constituyente (ANC) de Venezuela, conformada solo por chavistas, dio hoy luz verde a la continuación de un enjuiciamiento contra el líder opositor Juan Guaidó, reconocido como presidente interino por unos 60 países, que en respuesta ha llamado a sus seguidores a protestar.
En una sesión con gritos de "paredón" y peticiones de "tribunales populares" para juzgar a los opositores, la ANC aprobó sin decirlo expresamente el levantamiento de la inmunidad de Guaidó tras acusarle de actos terroristas y crímenes de lesa humanidad.
El foro chavista dio luz verde a la continuidad del enjuiciamiento después de que el presidente del Tribunal Supremo de Justicia, Maikel Moreno, solicitara el lunes "el allanamiento a la inmunidad parlamentaria" de Guaidó tras declararlo en desacato.
El punto primero del decreto autoriza "la continuación del enjuiciamiento del ciudadano, diputado a la Asamblea Nacional, Juan Gerardo Guaidó Márquez (...) de conformidad con lo establecido en el artículo 200 de la constitución de la República Bolivariana de Venezuela".
El artículo 200 de la Constitución venezolana establece que los diputados tendrán inmunidad y que de sus presuntos delitos conocerá "en forma privativa el Tribunal Supremo de Justicia, única autoridad que podrá ordenar, previa autorización de la Asamblea Nacional, su detención y continuar su enjuiciamiento".
"Esto es parte de la historia nuestra", indicó el presidente de la Constituyente, Diosdado Cabello, al celebrar la adopción de la medida en un decreto en el que no se mencionó formalmente el término inmunidad.
"Queda el Supremo autorizado y démosle el tiempo a la justicia", agregó Cabello.
La Fiscalía mantiene una investigación abierta a Guaidó después de que este se proclamase presidente encargado el 23 de enero, para lo que el TSJ aprobó el 29 de enero, y ratificó este lunes, medidas cautelares de prohibición de salida del país y la congelación de sus bienes.
El líder chavista defendió la tramitación de la notificación del Supremo a través de la ANC con el argumento de que la Asamblea Nacional (Parlamento), declarada en desacato por el máximo tribunal, no funciona.
"No hay una Asamblea Nacional en ejercicio, está en desacato", dijo, y agregó que la carta magna "prevé el mecanismo de llamar a una asamblea nacional constituyente" y "por eso está llegando aquí la solicitud para continuar el juicio".
Cabello sostuvo que la que "sí existe y es muy poderosa" es la ANC, que la oposición no reconoce y considera ilegítima, y afirmó que la justicia terminará actuando contra Guaidó, que el pasado 23 de enero invocó la constitución para asumir como presidente encargado del país al considerar que Nicolás Maduro es un usurpador.
Guaidó reaccionó al anuncio de la Constituyente llamando a los ciudadanos a reaccionar con "protesta estratégica organizada" desde el próximo sábado, para cuando ha sido convocado un "simulacro de la operación libertad", con la que el antichavismo busca aumentar la presión contra Maduro.
"No va a ser la violencia, la intimidación la que nos detenga", dijo el líder opositor una hora después de que la ANC aprobara su decreto.
Reiteró que la ANC, un ente no reconocido por numerosos países, "no existe" y que sus argumentos de hoy fueron "ridículizables" pero, matizó, eso no elimina la posibilidad de que lo encarcelen.
"No es poca cosa ni estoy minimizando la atrocidad que están haciendo (...) no estoy minimizando el riesgo de hacer política (...) es muy serio lo que está pasando en Venezuela", sostuvo.
No obstante, advirtió al Gobierno de que encarcelarle tendrá consecuencias y un costo político dentro y fuera de Venezuela, pues más de 50 países le reconocen como presidente interino.
"Tendrán que responder a esos países del mundo al dar un golpe de estado", prosiguió.
El jefe parlamentario también pidió a las Fuerzas Armadas que adopten una decisión y dijo que detenerle "sería ponerse en contra de la República".
Además, informó de que ha tenido conversaciones con cancilleres de varios países que le manifestaron preocupación por la medida de la ANC.
Guaidó consideró que la decisión y el hecho de que no se hable expresamente de quitarle su inmunidad en el decreto constituyente muestran la "respuesta política de unos cobardes" que "tienen miedo".
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