La mayoría de los grupos votaron en contra de las solicitudes del PP, que incluían también la comparecencia del fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido, a excepción de CiU y PNV, que se abstuvieron, al igual que NaBai en el punto relativo a Rubalcaba.
Soraya Sáenz de Santamaría, en nombre del PP, vinculó esta supuesta “persecución” política al “temor” del Gobierno ante el hecho de que “su propia incapacidad de gestionar con eficacia” la crisis “se traduzca en un duro castigo electoral”.
Y es que al Gobierno “le preocupa más acabar con el PP que tratar de acabar con el desempleo”, opinó, antes de apuntar que de las 53 actuaciones abiertas contra cargos del Partido Popular en los últimos tiempos, 49 han sido ya archivadas.
Con todo, ha querido dejar claro la confianza del PP en la Justicia y en las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, que “se limitan a hacer su trabajo” y a “obedecer órdenes”.
El portavoz del PSOE en el Congreso, José Antonio Alonso, ha dicho que las denuncias del PP son un “conjunto de inventos, insidias y mentiras”.
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