Un tribunal de Nueva Delhi falló a favor de la exguerrillera francesa Marie Emmanuelle Verhoeven, alias "comandante Ana", reclamada por Chile por el homicidio de un senador en 1991 y detenida en la India desde febrero pasado, informaron hoy a Efe fuentes cercanas al caso.
De acuerdo con el Tribunal, en el momento de la detención no había en vigor tratado de extradición, dado que el acuerdo aplicable a los dos países a través de un tratado suscrito en 1897 por Chile y el Reino Unido, que Santiago esgrimió como aplicable, no había sido ratificado posteriormente por ambas naciones.
El Tribunal indicó en el fallo, emitido ayer, que el mantenimiento en prisión de Verhoeven, detenida el 24 de febrero, es "ilegal" por no haber un respaldo legal al mantenimiento de la prisión cautelar más allá de los 60 días.
De acuerdo con el fallo, al que tuvo acceso Efe, a la fecha de la solicitud de la extradición, el 24 de marzo, la Ley de Extradición india de 1962, que prevé la posibilidad de ratificar los acuerdos de extradición anteriores a la independencia de la India mediante una simple comunicación formal, "no era aplicable".
El Gobierno indio publicó la conformidad a la vigencia del tratado con Chile el 29 de abril de este año.
"Consecuentemente la detención de la demandante en cumplimiento del arresto cautelar del 24 de febrero se declara por este medio ilegal", señala el fallo.
Fuentes cercanas al caso no pudieron precisar a Efe qué es lo que ocurrirá con la liberación de la detenida ni cuáles serán los siguientes pasos.
La exguerrillera fue detenida cuando entraba a la India desde Nepal por una orden de alerta roja de la Interpol entonces en vigor y que ya había conducido a su arresto en Alemania un año antes, aunque Berlín decidió no extraditarla y la puso en libertad.
Verhoeven está acusada de haber participado en el homicidio del senador Pedro Guzmán, cometido el 1 de abril de 1991 en Santiago de Chile por un comando del ultraizquierdista Frente Patriótico Manuel Rodríguez (FPMR), grupo que combatió con las armas contra la dictadura de Augusto Pinochet.
En su objeción a la extradición, la exguerrillera alegó ser "víctima de una venganza política" por parte del Gobierno de Chile en represalia por "haber defendido valientemente los derechos de los presos" durante su estancia en el país entre 1985 y 1995, cuando trabajó para la Administración Penitenciaria.
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