El Gobierno y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) han emitido un comunicado en el que presentan los principales deberes asumidos por ambas partes en el acuerdo sobre el tercer punto de la agenda del diálogo de paz, que versa sobre el problema de los cultivos ilícitos de droga, y en el que se incluye el compromiso de la guerrilla de terminar "cualquier relación" que hayan tenido con el narcotráfico.

   En este pacto también se recoge que "el consumo de drogas debe ser asumido como un problema de salud pública" y se establece como compromiso del Gobierno de "liderar un proceso nacional eficaz para romper de manera definitiva cualquier tipo de relación de este flagelo con los diferentes ámbitos de la vida pública", incluyendo la puesta en marcha de políticas y programas en esta dirección.

   De esta forma, habría programas de prevención del consumo y salud pública, además de proyectos para la solución del fenómeno de la producción y comercialización de narcóticos. El comunicado también hace referencia a planes para la sustitución de cultivos de uso ilícito y recuperación ambiental de las áreas afectadas por dichos cultivos.

   En este último punto, ambas partes insisten en la participación de las propias comunidades en el diseño, ejecución y evaluación de los citados programas, dando una especial importancia a la implicación de las mujeres en este proceso. Así, se pretende "proteger a los eslabones más débiles de la cadena de narcotráfico, que son los cultivadores y los consumidores".


   Iván Márquez, el jefe negociador de las FARC en La Habana, ha sido uno de los primeros en referirse a este acuerdo sobre narcocultivos, afirmando que "acorta distancia hacia la paz". En este sentido, aunque señala que quedaron algunos puntos pendientes, añade que "estos no pueden ser un obstáculo para la firma de un acuerdo de paz que debe ser refrendado por una constituyente".

   Durante su discurso, Márquez ha aprovechado para cargar contra las políticas de Estados Unidos respecto a la lucha contra el narcotráfico y ha denunciado la intervención de sus servicios secretos, que según el guerrillero "han utilizado el negocio para financiar campañas encubiertas, el lavado de activos por parte de bancos de norteamericanos y de Europa y la inyección de 'narcodineros' en algunos eslabones de la economía".

   Por su parte, el jefe del equipo negociador del Gobierno, Humberto de la Calle, ha explicado que el objetivo final es liberar a Colombia de los cultivos ilícitos y de siembra de coca y asegura que lo acordado "se relaciona con lo pactado en el primer punto sobre la reforma rural integral".

   El Gobierno, tras la firma del acuerdo de paz, pondrá en marcha un programa de limpieza de minas, lo que obliga a la guerrilla al suministro de información sobre la ubicación de estos artefactos, de acuerdo con la información de la emisora colombiana Caracol Radio, que añade que el Ejecutivo reforzará la lucha contra el narcotráfico con la creación de nuevas instituciones.

DIÁLOGOS DE PAZ EN LA HABANA

   Tras este pacto, ahora Gobierno y FARC se centrarán en el tema de las víctimas y la justicia transicional. En este punto, la guerrilla ha insistido en que debe crearse una Comisión de la Verdad que ahonde en las causas y consecuencias del conflicto armado colombiano.

   Con ello, ya son tres los acuerdos alcanzados por las partes en el marco del diálogo de paz. Tras seis meses de intensas negociaciones, finalmente el 26 de mayo de 2013 las partes pactaron sobre desarrollo agrario y rural, el primer punto de la agenda y el más importante para la guerrilla, ya que sobre él pivota toda su lucha armada.

   El segundo acuerdo del proceso de paz llegó el pasado 6 de noviembre, sobre participación política. Los puntos clave son el compromiso para crear un estatuto de la oposición, que establezca sus derechos, deberes y garantías, y una reforma electoral, que incluye circunscripciones transitorias.

   Todavía quedan por cerrar los temas del abandono de las armas y el mecanismo de refrendación del acuerdo final de paz, que será el que legitime los anteriores, según el principio en el que Gobierno y FARC han basado las conversaciones de La Habana: "Nada está acordado hasta que todo esté acordado".

   Desde el 8 de octubre y el 19 de noviembre de 2012 en Oslo y La Habana, respectivamente, Gobierno y Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) llevan a cabo un diálogo de paz basado en una agenda de seis puntos para poner fin a más de cinco décadas de conflicto armado, en las que han muerto 600.000 personas.

LAS FARC Y LA COCAÍNA

   La Policía Antinarcóticos colombiana y fuentes de inteligencia militar, consultadas por el diario 'El Colombiano', sostienen que hay veinte frentes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) dedicados casi de forma exclusiva a la producción y comercialización de cocaína.

   Este negocio soportaría los gastos generados por los bloques Comando Conjunto de Occidente, Sur, Oriental e Iván Ríos, de los que depende la estrategia militar de las FARC. Estos frentes operan en los departamentos de Antioquia, Norte de Santander, Chocó, Nariño, Cauca, Valle del Cauca, Putumayo, Meta y Caquetá.

   Entre los hechos que demostrarían esta dependencia del dinero generado por las drogas, el citado diario recuerda el hallazgo, el pasado mes de noviembre, de un submarino de 12 metros de largo y tres y medio de ancho cerca de Tumaco. El director de la Policía, Rodolfo Palomino, aseguró que el sumergible pertenecía a la guerrilla y que en él se podían transportar ocho toneladas de coca que desembarcarían en Centroamérica.

   Por su parte, las autoridades colombianas han indicado en varias ocasiones que hay 48.000 hectáreas sembradas de coca en 23 de los 32 departamentos del país --según datos del Sistema Integrado de Monitoreo de Cultivos Ilícitos de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito-- y aseguran que estas zonas "coinciden con los lugares en que las FARC están asentadas".

   En el contexto de las conversaciones de paz con el Gobierno, las FARC reconocieron su vinculación al negocio. En concreto, la guerrilla admitió que cobraban tributos por los cultivos de drogas. "Nos vimos obligados a establecer un régimen de tributación y de regulación a las transacciones (con droga) realizadas por los campesinos, siempre pensando en sus derechos, protegiéndolos frente a abusos de los narcotraficantes", aseguraron.