El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz, en sustitución de Baltasar Garzón, ha autorizado a los familiares de Federico García Lorca a presenciar la apertura de la fosa en la que supuestamente reposan los restos del poeta, situada “entre los términos de Víznar y Alfacar” en Granada.
Así consta en una providencia, en la que el juzgado de Garzón, del que se ocupa Pedraz durante su baja médica, da el visto bueno a la práctica de exhumaciones en seis localizaciones, entre las que destaca un columbario de la basílica del Valle de los Caídos.
En esta misma providencia, de fecha del 29 de octubre y que no ha sido recurrida por la Fiscalía, el juez acepta la personación en la causa de seis familiares de Lorca para después permitir “su presencia durante las actuaciones de exhumación (...) adoptándose las medidas que aseguren la privacidad y la dignidad de las víctimas y de sus familiares”.
Los familiares del poeta granadino cuya personación ha permitido el juez son: Concepción, Vicente y Manuel Fernández-Montesinos García-Lorca, así como Isabel, Gloria y Laura García-Lorca de los Ríos.
La apertura de la fosa de Lorca no ha sido solicitada por sus familiares sino por la nieta de Dióscoro Galindo, un maestro supuestamente enterrado en la misma fosa que el poeta.
La familia de Lorca no ha puesto objeción a la apertura de la fosa, pero algunos de sus descendientes como Laura García Lorca, sobrina nieta del poeta, han manifestado públicamente sus reticencias respecto a esa decisión del juez.
EN EL VALLE DE LOS CAIDOS
La apertura del columbario del Valle de los Caídos responde a una petición de la Asociación de la Memoria Histórica de Valladolid que pretende recuperar en ese lugar los restos de siete vecinos de Pajares de Adaja (Ávila) que murieron fusilados a manos de un grupo falangista en el pueblo cercano de Aldeaseca, el 20 de agosto de 1936.
Según la providencia la localización exacta de este columbario, que tiene el número 198, es en el primer piso de la cripta África de la basílica del Valle de los Caídos.
Además, el juez Santiago Pedraz aprueba la práctica de exhumaciones en Villanueva de la Vera (Cáceres), en el cementerio general de Valencia, en los cementerios mallorquines de Porreres y Calviá y en el de Aguilar de la Frontera (Córdoba), tal y como habían solicitado las asociaciones de familiares de desaparecidos en la guerra civil y el franquismo.
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