El primer ministro australiano, Kevin Rudd, ha reconocido este sábado su derrota frente a su rival conservador Tony Abbott en las elecciones generales de este sábado y ha anunciado su retirada como líder del Partido Laborista.
"He hecho lo que he podido, pero no ha sido suficiente para ganar", declaró Rudd en su primera comparecencia ante sus simpatizantes a la espera de conocer los resultados definitivos, después de que las encuestas a pie de urna apuntaran la victoria de la coalición Liberal-Nacional de Abbott.
"No volveré a presentarme a la cúpula del partido Laborista", anunció Rudd, quien declaró su intención de mantenerse alejado de los focos "por algún tiempo". Los resultados provisionales conceden a la coalición de centro-derecha 86 escaños por 54 de los laboristas, según datos recogidos por el 'Sidney morning Herald'
"Como primer ministro, deseo a Abbott lo mejor", concluyó Rudd, que volvió al cargo hace tres meses tras la dimisión de Julia Gillard y cuya popularidad se desplomó en agosto tras un repunte a comienzos de verano, una circunstancia de la que se ha beneficiado Abbott, que goza del respaldo de los periódicos propiedad del magnate australiano Rupert Murdoch, según la cadena BBC.
A Abbott y Rudd les separan las políticas para reducir el creciente déficit presupuestario de Australia, si bien ambos coinciden en endurecer las acciones para detener el continuo flujo de peticionarios de asilo que llegan a las costas de Australia a bordo de embarcaciones.
Mientras los laboristas han enfatizado en su discurso el lema "trabajos, más trabajos y trabajos, sanidad, hospitales y banda ancha, y mantener las ayudas para el coste de las presiones de la vida", los nacional-liberales han puesto el acento en el "fin del gasto, la paralización de los botes y la construcción de carreteras del siglo XXI".
Además de la economía y el sector minero australiano, la llegada masiva de inmigrantes a Australia se ha convertido en uno de los principales temas de la campaña electoral.
Bajo el plan que propugna los laboristas, los inmigrantes que lleguen en embarcaciones serán enviados a Papúa Nueva Guinea para su procesamiento y reubicación allí si son catalogados como refugiados.
Por su parte, los laboral-nacionalistas abogan por encomendar a un comandante militar las tareas de lidiar con los traficantes de personas y restringir los permisos a los inmigrantes con estatus de refugiados a visados temporales con un número limitado de renovaciones.
Los grupos defensores de Derechos Humanos australianos han criticado ambos planes, al tiempo que la ONU ha descrito el plan de los laboristas de "problemático".
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