Las autoridades del estado de Texas (Estados Unidos) ejecutaron la pasada madrugada a un hombre con un cociente intelectual de 61 que había sido condenado por asesinato. Previamente, el Tribunal Supremo había dicho que no iba a intervenir en este caso pese a que hace una década prohibió la ejecución de personas que padecen retraso mental por considerarlo un castigo cruel e inusual.
Marvin Wilson, que tenía 54 años, fue declarado culpable en noviembre de 1992 de haber asesinado al policía de 21 años Jerry Robert Williams, que trabajaba como informador en casos de narcotráfico, y fue condenado a muerte en abril de 1994.
Wilson había recurrido la decisión de la ejecución porque, según sus abogados, era inconstitucional según un fallo emitido por el Tribunal Supremo en 2002 que prohíbe ejecutar a personas con retraso mental pero permite a los estados una cierta libertad para decidir en qué casos se puede aplicar la pena capital.
"La solicitud de suspensión de la ejecución de la sentencia de muerte presentada al juez (Antonin) Scalia y remitida por éste al tribunal ha sido denegada", anunció el Supremo este martes.
Un portavoz del Departamento de Justicia Penal de Texas, Jason Clark, ha precisado que Wilson falleció a las 18.27, hora local. En su última declaración, el condenado dijo, según Clark: "Todos entendéis que llegué aquí como un pecador y me marcho como un santo (...). Llévame a casa, Jesús, llévame a casa, Señor".
FACTORES QUE SE TUVIERON EN CUENTA
A veces se considera que si alguien no alcanza un cociente intelectual de 70, sufre retraso mental. Las autoridades de Texas argumentaron que la prueba que determinó que Wilson tenía un cociente intelectual de 61 fue realizada por un becario inexperto y que otras pruebas mostraban que superaba los 70.
Además, señalaron que, de acuerdo con el fallo judicial de 2002, podían considerar siete factores para decidir si una persona como Wilson debería ser ejecutada; por ejemplo, su capacidad de iniciativa, su capacidad de mentir y si su familia y amigos pensaban que sufría retraso mental.
Los abogados de Wilson replicaron que de esa manera el estado de Texas podía ignorar el fallo de 2002 basándose en factores "no clínicos" para dejar desprotegido a su cliente. Texas es el único estado de Estados Unidos que utiliza ese tipo de pruebas, según Lee Kovarsky, abogado del condenado.
Kovarsky dijo en un correo electrónico que espera que "al menos" este caso sirva para "generar una reflexión seria sobre lo que significa ser culpable". "Como sociedad, lo hacemos bien a la hora de diferenciar lo que está bien de lo que está mal, pero cuando calibramos la culpa, es como si estuviésemos lanzando dardos con los ojos vendados", opinó.
Aproximadamente, el estado de Texas ha llevado a cabo tres de cada ocho ejecuciones desde 1976, cuando el Tribunal Supremo permitió que la práctica se reanudara tras un parón de cuatro años, según el Centro de Información sobre la Pena de Muerte. Wilson es el séptimo preso ejecutado en Texas y el vigesimoquinto ejecutado en Estados Unidos este año, según la misma organización.
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