El juicio por el que el exsecretario y exinterventor municipal del municipio de Las Tres Villas se enfrenta a una petición fiscal de diez años de cárcel acusado de malversar entre los años 2005 y 2006 al menos 15.829,78 euros de fondos públicos del Ayuntamiento a través de la emisión de pagarés y mandamientos de pago fraudulentos ha dado comienzo este miércoles ante el tribunal de la Sección Segunda de la Audiencia Provincial.
El Ministerio Público interesa para José O.G. cinco años de prisión como presunto autor de un delito de malversación de caudales públicos y otros cinco por un supuesto delito de falsedad en documento público y mercantil aunque la acusación particular, que ejerce el Consistorio en el que trabajó como funcionario durante casi dos décadas, solicita 18 años de cárcel.
El acusado desempeñó funciones de secretario-interventor accidental en el Ayuntamiento de Las Tres Villas, en el que asumió labores relativas a la contabilidad, confección de mandamientos de pago o control de tesorería entre otras, tareas de las que, pese a dejar el cargo en enero de 2006 en favor de una funcionaria, se siguió ocupando.
Según consta en el escrito de acusación, "aprovechando su posición", el acusado organizó una sistema "destinado malversar sistemáticamente y permanentemente los fondos municipales" mediante la "apropiación continúa" de cantidades "pequeñas o medianas a fin de no llamar la atención" y a través de "diversos artificios".
Con este sistema, concreta, entre los meses de noviembre de 2005 y de junio de 2006 "se apropió con ánimo de lucro o hizo que un tercero se apropiase" de un total de 15.829,78 euros en cuantías que oscilaron entre los 3.208,14 euros y los 243,63 euros.
Las facturas y recibos falsos confeccionados correspondían, añade, a una empresa de venta de materiales de construcción, a suministros de combustible o a un comercio de artículos para fiestas, entre otros. Algunos de los ingresos procedentes de mercantiles y particulares se realizaron directamente en su cuenta bancaria particular.
La acusación particular detalla que José O.G. falseó varios mandamientos de pago "faltando a la verdad en la narración de los hechos al hacerlos corresponder bien con facturas que habían sido anuladas por sus emisores y cuyo importe no era debido a los mismos, o bien con facturas falsas confeccionadas por él".
INHABILITACIÓN
Sostiene, asimismo, que el sistema ideado por el exsecretario y exinterventor municipal incluía el hacer constar "falsamente" en los mandamientos que los emisores de las facturas habían recibido los pagos ordenados, por lo que "también falseaba a este objeto las matrices de los pagarés utilizados como medios de pago".
La Fiscalía pide para el acusado la pena de inhabilitación absoluta por periodo de ocho años por el delito de malversación y una multa de 18 meses a razón de 24 euros al día por el delito de falsedad, por el que interesa además inhabilitación especial por periodo de cinco años.
La acusación particular califica los hechos como constitutivos de malversación, falsedad en documento público y falsedad continuada en documento mercantil, y solicita por cada uno de ellos seis años de cárcel e inhabilitación durante 16 años en total, así como el abono de una multa de 24 meses a razón de 24 euros al día.
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