Cuando el martes se publique el decreto de disolución de las Cámaras, automáticamente morirán todas las iniciativas que se estaban tramitando en el Congreso.
Por eso, esta novena legislatura deja atrás no sólo los proyectos de ley remitidos por el Gobierno que ya no entrarán en vigor, también más de una treintena de proposiciones de ley presentadas por los grupos parlamentarios o procedentes del Senado.
Uno de los casos significativos es el de la negociación colectiva; el decreto está en vigor, pero iba a ser retocado en su tramitación como proyecto de ley, como querían sobre todo los nacionalistas para dar más relevancia a los convenios autonómicos.
El Gobierno, que salvó in extremis la convalidación de la norma gracias a ese compromiso con CiU y PNV, ahora no tiene que cumplirlo porque el proyecto de ley decae.
Tampoco se debatirán proyectos aprobados por el Consejo de Ministros antes del verano que también dieron que hablar, como el de la ley integral para la igualdad de trato y la no discriminación, el de la ley reguladora de los derechos de la persona ante el proceso final de la vida y el nuevo régimen disciplinario de las Fuerzas Armadas.
La crisis ha marcado el calendario legislativo y eso ha hecho que se fueran aplazando las tramitaciones de numerosos proyectos.
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