Educado, con buenos modales y aura de cautivador, Pita Limjaroenrat se postula a ser nombrado el jueves primer ministro de Tailandia con un programa encaminado a reformar democráticamente las instituciones del país.

El aspirante, de 42 años y líder del partido progresista Avanzar (Move Forward), representa a una nueva generación de políticos que antagoniza con las hasta ahora clases dominantes y que se impuso en las elecciones del pasado 14 de mayo, aunque su nombramiento no está garantizado.

Su cercanía, la facilidad de expresarse y conectar con todas las clases sociales y su cara de no haber roto un plato, entre otros factores, se ganaron las simpatías de los votantes jóvenes y los desencantados de la política tradicional.

Avanzar encabeza una amplia coalición de formaciones opositoras que suman una amplia mayoría en la Cámara de Representantes, sin embargo para la elección de primer ministro también interviene el Senado -nombrado a dedo por la antigua junta militar (2014-2019)- lo que dificulta su nombramiento.

Nacido en 1980 en el seno de una familia adinerada de Bangkok, la juventud de Pita no dista mucho de otros chicos de familias pudientes educados en colegios elitistas en el extranjero, en su caso en Nueva Zelanda.

Pita regresó a la capital tailandesa para licenciarse en Finanzas en la Universidad Thammasat, una de las más reputadas del país, para continuar su formación en Estados Unidos, donde realizó másteres en Políticas Públicas y Administración de Empresas en la prestigiosa Universidad de Harvard y el Instituto Tecnológico de Massachussets.

En el país norteamericano fue donde comenzó a tomar cannabis medicinal para prevenir los problemas de epilepsia que aqueja Pita, actualmente divorciado y padre de una niña.

La separación con su exmujer, la actriz Chutima Teepanar, levantó polémica por una acusación de abuso que los tribunales rechazaron, mientras que Chutima se ha mostrado como un importante apoyo en la campaña electoral durante la cual calificó a Pita de "padrazo".

Con 25 años se puso al frente de la empresa familiar para salvarla de la bancarrota y doce años después dio el paso para convertirse en el director ejecutivo en Tailandia de la compañía tecnológica Grab, similar a Uber en el Sudeste Asiático.

En 2018, Pita dio el salto a la arena política al afiliarse al partido Future Forward, formado ese mismo año, con el que logró un escaño en las elecciones de 2019, unos comicios marcados por la duda y que sirvieron de transición tras la dictadura militar (2014-2019).

Pero una polémica decisión judicial en 2020 obligó a la disolver Future Forward y prohibió ejercer cargos políticos a sus por entonces cabecillas, momento en el que Pita tomó el mando de la plataforma reformulada bajo Avanzar.

Durante la campaña electoral, el joven político se comprometió a abolir el reclutamiento militar obligatorio y reformar el Ejército, descentralizar el país, combatir los monopolios e impulsar una reforma legal sobre la ley que protege a la todopoderosa monarquía.

HASTA EL ÚLTIMO VOTO

A pesar de que la coalición que comanda aglutina 312 de los 500 asientos de la cámara baja, Pita necesita el apoyo de otros partidos o de miembros del Senado -formado por 250 senadores elegidos por la extinta junta militar- para alcanzar los 376 apoyos en la votación bicameral, y ser nombrado primer ministro.

El principal escollo para ganar el favor de los senadores es su firme promesa de presentar una enmienda sobre el artículo 112 del Código Penal, conocido como ley de lesa majestad, que pena con entre 3 y 15 años a quien insulte a los miembros de la Casa Real.

Avanzar, que cuenta con el apoyo de los jóvenes manifestantes en 2020 que reclaman una profunda reforma democrática, quiere rebajar las penas por el delito de lesa majestad y que este solo pueda ser denunciado por la Oficina de la Casa Real -en contraste con la situación actual por la que cualquiera puede poner una denuncia-.

RIESGO DE INHABILITACIÓN

En el caso de que logre los apoyos y se convierta en el trigésimo primer ministro de Tailandia -el más joven en 77 años-, Pita seguirá afrontando otros riesgos que pueden poner fin a su carrera política.

El Tribunal Constitucional estudiará si Pita incumplía a sabiendas las condiciones para registrarse como candidato parlamentario debido a la posesión de acciones en una empresa de comunicación, lo cual está prohibido por las reglas electorales.

La enrevesada denuncia se centra en 42.000 títulos del canal iTV, que representan el 0,0035 % de total de las acciones de esta cadena clausurada en 2007, que el político administraba como parte del fideicomiso familiar tras la muerte de su padre en 2006.

La empresa creada para administrar el canal de televisión, que fue retirada del mercado de valores en 2014, no puede ser liquidada debido a un longevo litigio que aún sigue en curso por una serie de indemnizaciones a raíz de que se declarara insolvente.

En el caso de que el Tribunal Constitucional encuentre culpable a Pita, este podría afrontar un castigo de hasta 10 años de cárcel y 20 años de inhabilitación política.