El Gobierno se reúne hoy con los grupos parlamentarios para intentar conseguir su apoyo al decreto-ley de reforma laboral que aprobará el Consejo de Ministros el próximo miércoles y contra el que ya se ha anunciado una huelga general.

Contra esta reforma, los sindicatos nacionalistas vascos han convocado una huelga general en Euskadi para el 29 de junio y, tanto Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), como Izquierda Unida (IU) e Iniciativa per Catalunya-Els Verds (ICV) han manifestado que votarán en contra.

El texto del decreto, entregado el viernes a partidos y agentes sociales, tampoco ha gustado a la patronal Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE).

Mientras los sindicatos UGT y CCOO esperan que en las consultas con los partidos políticos se pueda suavizar su contenido, la CEOE señalaba que la reforma no contribuirá a la creación de empleo porque no se generalizan los contratos de despido con 33 días y no aclara "suficientemente" las causas del despido.

Por la brevedad del plazo pendiente hasta su aprobación, el ministro de Fomento, José Blanco, demandó del Partido Popular (PP) y de Convergencia i Unió (CiU), que se pronuncien sobre su contenido porque "decían hasta hace dos días que había que darse prisa, que llegábamos tarde, y ahora piden una prórroga que no habrá".

Blanco, también vicesecretario del PSOE, recordó a estos dos partidos que digan si no les gusta la propuesta del Gobierno, porque "estamos dispuestos a favorecer la creación de empleo, pero no dialogaremos sobre los derechos básicos de los trabajadores".

Aunque el viernes el Gobierno creía contar con el apoyo de PP, CiU y PNV para poder convalidar la reforma laboral en el Congreso el día 22 de junio, la secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, afirmaba que sólo apoyarán aquellas reformas laborales que sean buenas para los trabajadores.

Por su parte, el vicesecretario de Política Autonómica y Local del PP, Javier Arenas, expresó su apoyo a la reforma si incentiva la "flexibilidad" de las empresas para crear "estabilidad" en el empleo.

Sin las prisas de Blanco, el portavoz de CiU en el Congreso, Josep Antoni Duran Lleida, planteaba al Gobierno que aplace unos días su aprobación, para evitar que sea un "churro" que "no satisface a nadie" y que tengan que ser los grupos parlamentarios quienes profundicen en los cambios propuestos.

Durán reprochó además al Gobierno que el ministro de Trabajo, Celestino Corbacho, anunciara medidas que no aparecen en el documento de 41 páginas repartido el viernes, como la posibilidad de rebajar a 20 días la indemnización para empresas con seis meses de pérdidas.

El secretario general y portavoz de ERC, Joan Ridao, dijo que el Gobierno se estaba escorando hacia los planteamientos de la derecha para así poder convalidar el texto que ha trasladado a los grupos, muy distinto del existente en la mesa del diálogo social, que fracasó el jueves de madrugada.

Para el coordinador general de IU, Cayo Lara, la reforma supone un "recorte de derechos de los trabajadores" y ha dicho que "hay razones más que suficientes" para que los sindicatos convoquen una "huelga general masiva".

El diputado de esta formación Gaspar Llamazares dijo que las propuestas del Ejecutivo son contrarias a los trabajadores y están a favor de la patronal, del capital y de las demandas del Fondo Monetario Internacional (FMI) porque rebajan la indemnización por despidos y las causas del mismo.

Mientras que para el diputado de ICV, Joan Herrera, la reforma no sirve para generar ocupación y es una iniciativa más a través de la cual "la derecha económica y política está desmantelando el Estado del Bienestar en Europa".

Una encuesta difundida hoy por la cadena de televisión La Sexta indica que el 87,8 por ciento de los españoles cree que la reforma laboral es imprescindible y el 68 por ciento considera que el abaratamiento del despidos no servirá para crear empleo.

Entre los detalles de la reforma destaca la posibilidad de indemnizar con 20 días los despidos en empresas que tengan pérdidas durante más de un semestre o la creación de un fondo que serviría para sufragar parte de los despidos -modelo austríaco-.

Además, se generalizará el contrato de fomento del empleo -que tiene una indemnización por despido de 33 días en lugar de los 45 de los empleos indefinidos-, parte de cuyo coste se haría cargo el Estado, a la vez que se penalizaría la contratación temporal incrementando el coste de su despido, actualmente de ocho días.