Izquierda Unida (IU) se abstuvo o votó en contra de la mayoría del articulado de la ley, no por oponerse a la custodia compartida, sino por la forma en cómo ésta se ha regulado, dijo su portavoz, Adolfo Barrena. Esta ley es una iniciativa legislativa del Grupo del PAR, que establece la custodia compartida como norma preferente, aunque no automática, ante una ruptura de la convivencia de los padres, y fija por encima de todo el interés del menor.
La coordinadora de la ponencia que tramitó la ley y diputada del PAR, María Herrero, subrayó ante el pleno que ésta es "la ley más avanzada en Derecho Civil relativo a las relaciones familiares" de España y "nos pone en cabeza de las pocas Comunidades autónomas que tienen capacidad para legislar en este ámbito", actuando como "locomotora del cambio legislativo" y siendo una aportación "de Aragón y del PAR" al desarrollo de la Comunidad autónoma y de España y a la "mejora de la calidad de vida de los aragoneses".
La nueva ley señala que los jueces podrán concederán la custodia compartida a ambos progenitores de forma preferente y antes que dársela a uno solo de ellos y que la vivienda familiar pasará a ser habitada por quien más dificultades tenga para reubicarse.
La ley pretende asegurar que los menores de padres separados mantengan el derecho a relacionarse con los restantes familiares y que los dos cónyuges conserven sus funciones como autoridad familiar, sin que ésta pueda ser menoscabada. Así, los dos cónyuges seguirán tomando decisiones sobre la educación y crianza de sus hijos y ambos tendrán derecho a relacionarse de forma regular y directa con sus hijos.
Al romper la convivencia, los padres podrán elaborar un 'Pacto de relaciones familiares' en el que se fijará la pensión que se ha de pagar, el régimen de visitas y otros aspectos, todo lo cual será revisado por el juez, que podrá anularlo si considera que no prevalece el interés de los menores.
Los ex cónyuges podrán recurrir a la mediación familiar antes de acudir a la vía judicial e, incluso, el juez podrá señalar un mediador familiar extrajudicial. De hecho, el procedimiento judicial de divorcio podrá suspenderse si los ex cónyuges prefieren solucionarlo mediante un mediador, aunque hayan comenzado los trámites judiciales.
La vivienda será habitada por el ex cónyuge que tenga la custodia única de los menores, si así lo decide el juez, o para aquel que más dificultades tenga para acceder a una, si es compartida. El juez podrá decidir que la vivienda familiar se ponga a la venta.
El dinero que aporten los ex cónyuges para asistir a los hijos se decidirá, entre otros criterios, por los recursos de que disponga. La asignación compensatoria que se abonará al que quede en peor situación económica dependerá de los recursos de sus padres, de quién tiene la vivienda familiar, la edad de los hijos, las perspectivas económicas del afectado y las funciones familiares desempeñadas.
Igualdad
La diputada del PAR, María Herrero, explicó que el objetivo de la ley es "adecuar la legislación a la sociedad del siglo XXI", haciendo compatible el derecho de los hijos a mantener relaciones "frecuentes y equilibradas" con sus padres, en caso de ruptura de la relación de estos últimos, y el derecho de los padres a participar en la crianza y educación de sus hijos "y hacerlo en igualdad de condiciones".
Por eso, aseguró, "hoy es un día importante" de "conquista social" para muchos padres, madres y abuelos que viven "situaciones injustas" y se ven separados de sus hijos y nietos. La parlamentaria argumentó que la custodia compartida "no es un fin en sí misma, sino la fórmula que puede garantizar esos derechos", y aseguró que la ley contribuirá a "medio y largo plazo" a "evitar conflictos" y situaciones actuales en las que los hijos "son moneda de cambio" en un proceso de ruptura.
Finalmente, indicó que el texto original, cuyo "propósito esencial se ha mantenido", ha sido mejorado y modificado gracias a las aportaciones del resto de grupos parlamentarios, de forma que de las 118 enmiendas presentadas, ocho fueron retiradas, 25 rechazadas y el resto, 85, afectadas, el 78 por ciento.
La diputada del PSOE, María Teresa Pérez, reconoció que su grupo planteó dudas iniciales al texto, que se ha "enriquecido" a lo largo de su debate parlamentario, haciéndolo "más aplicable y respetuoso a nuestra realidad social", poniendo por delante siempre el interés del menor. Es una ley "con enormes repercusiones" que su grupo ha contribuido a "modular", agregó, y deseó que sirva para solucionar situaciones "que de por sí generan conflictividad".
La diputada del PP, Yolanda Vallés, manifestó que el texto final es "realmente aplicable y fácilmente transportable fuera de nuestras fronteras y de la Comunidad autónoma", permite "la igualdad de derechos de los progenitores respecto a los hijos", un texto "de todos y ninguno", con el que "somos referente en España" y que esperó sea "el inicio de una reforma a nivel nacional, tal y como el PP se está trabajando", dijo, para agregar que espera que "en breve" el Gobierno aragonés presente la ley de medición familiar que complementará a esta ley.
Orgullo
El diputado de CHA, Chesús Bernal, manifestó su "orgullo" por un texto fruto del Derecho foral aragonés, "parte esencial y signo de identidad de Aragón" y mostró su apoyo porque "prima por encima de cualquier otra cuestión el interés del menor"; la custodia compartida es "norma preferente, pero no automática"; la ruptura no impedirá la relación del menor con los abuelos y otros parientes; y se recoge la posibilidad de acudir a la mediación familiar en todo el proceso.
El parlamentario de IU, Adolfo Barrena, que cambió durante el debate el voto en contra de parte del articulado por la abstención, si bien mantuvo el rechazo en algunos aspectos de la ley, defendió la custodia compartida contando con el "mutuo acuerdo" porque "la imposición no puede ser la solución" ya que "dos no comparten si uno no quiere".
Al respecto, agregó que la custodia compartida "podrá ejercerse con garantía cuando esté asociada a la capacidad de progenitores para llegar a un acuerdo". También apostó por un sistema de medición familiar público, "dotado de medios y recursos suficientes", que la ley no posee, comentó.
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