El estado de Ohio (Estados Unidos) ha denunciado a la compañía Norfolk Southern, la operadora del tren con sustancias tóxicas descarrilado en febrero, según ha confirmado el Fiscal General de Ohio, Dave Yost.
Según la denuncia federal, detallada por Yost, la compañía habría incumplido numerosas leyes del estado, así como violar la Ley Integral de Respuesta Ambiental, Compensación y Responsabilidad.
"Este descarrilamiento era completamente evitable", ha explicado en rueda de prensa este martes, en declaraciones recogidas por la CNN, "y me preocupa que Norfolk Southern esté poniendo los beneficios de su compañía por encima de la salud y la seguridad de las ciudades y comunidades en las que operan".
La compañía ha emitido este martes un comunicado en el que informa de que está haciendo progresos en la limpieza de la zona, además de proporcionar fondos para las personas y empresas afectadas, así como invertir en la comunidad.
Según un comunicado del portavoz de la empresa, Connor Spielmaker, están "escuchando atentamente las preocupaciones de la comunidad sobre si podría haber impacto a largo plazo como consecuencia del descarrillamiento", además de confirmar que se han reunido con el Fiscal General de Ohio para estudiar nuevas formas de mitigar los daños del accidente.
A principios de marzo, la Agencia de Protección Medioambiental de Estados Unidos (EPA, por sus siglas en inglés) ordenó a Norfolk Southern que analice el agua del río cercano al siniestro para garantizar, como han apuntado las pruebas preliminares, la ausencia de dioxinas contaminantes y descartar así efectos a medio o largo plazo en la población.
El CEO de la empresa, Alan Shaw, aseguró al Senado estadounidense la semana pasada que Norfolk Southern "limpiará el lugar de forma segura, por completo y con urgencia", además de asegurar su "compromiso personalmente" y afirmar que está "dispuesto a arreglar esto".
Las autoridades sanitarias estadounidenses y los residentes de la ciudad de East Palestine, en el estado de Ohio, atraviesan un periodo de seria incertidumbre a la espera de dilucidar los efectos a largo plazo del descarrilamiento, el pasado 3 de febrero, de un tren de mercancías con sustancias químicas peligrosas que obligó a la evacuación temporal de la localidad, cuyos ciudadanos exigen una investigación completa de lo ocurrido antes de reanudar su vida normal.
Parte de esta investigación atañe al propio tren operado por Norfolk Southern. Empleados de la compañía, bajo condición de anonimato, revelaron esta semana a la cadena CBS que el vehículo había experimentado fallos mecánicos dos días antes del descarrilamiento y que transportaba una carga a todas luces exagerada: 151 vagones, entre ellos una veintena con elementos nocivos, para un peso total de unas 18.000 toneladas. Hasta el momento, la Junta Nacional para la Seguridad del Transporte de EEUU ha constatado "indicios preliminares de problemas mecánicos en uno de los ejes", a la espera de recabar más información.
Un total de 38 de estos vagones acabaron saliéndose de la vía, de los cuales al menos once contenían acrilato de butilo y, sobre todo, gas de cloruro de vinilo, empleado para la fabricación de plásticos y potencialmente cancerígeno. El incendio desatado por el descarrilamiento -- acompañado de una explosión que lanzó una bola de fuego a casi un kilómetro de altura -- obligó a la evacuación inmediata de buena parte de los 4.700 residentes de East Palestine tanto por la liberación del gas en los vagones descarrilados como en los otros nueve coches con sustancias tóxicas que seguían en la vía.
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