La Fiscalía pide penas de entre 12 y 155 años de prisión para los acusados, a los que considera responsables de los delitos de pertenencia a organización terrorista, robo con intimidación, asesinato terrorista, lesiones, estragos, tenencia de explosivos y falsedad.
En su escrito de conclusiones provisionales, el fiscal afirma que, una vez elegido su objetivo, el acusado Israel Torralba alquiló un vehículo para trasladar al grupo “con el material necesario para la ejecución de la acción planeada al lugar elegido y poder utilizarlo después para la huida”.
El representante del Ministerio Público añade que, después de efectuar las vigilancias y seguimientos necesarios para conocer los trayectos y horarios de los furgones blindados de la empresa Proseguir, los terroristas acordaron ejecutar la acción el 8 de mayo de 2000.
Según el fiscal, Silva Sande, “una vez abatidos los vigilantes de seguridad, logró apoderarse de tres bolsas de plástico que contenían moneda fraccionaria para, a continuación, iniciar todos ellos la huida”.
El fiscal pide 155 años de prisión para Torralba, 152 para otros cinco acusados –Silva Sande, Martín Ponce, Mónica Refojos, Esther González y Manuel Pérez Martínez– y 12 para el último de los procesados, José Luis Elipe.
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