El Gobierno israelí suspendió desde hoy la vigilancia de los contagiados con la variante ómicron por parte del servicio de inteligencia interior (Shin Bet), que generó una fuerte oposición en el país.
La controvertida medida, aplicada también durante el inicio de la pandemia, fue restablecida con la aparición de la última variante y permite rastrear las localizaciones de los portadores del virus y teléfonos móviles cercanos para determinar los contactos.
"Ponemos fin (a esta medida), porque además de proteger la salud, debemos proteger la privacidad y los derechos humanos, incluso en tiempos de emergencia", declaró el ministro de Sanidad, Nitzan Horowitz.
Aún así, el Gobierno advirtió de la posible reintroducción de este tipo de vigilancia en caso de un aumento de la morbilidad en el país.
Como en usos anteriores, grupos de derechos humanos se han opuesto a esta medida que consideran anticonstitucional por violar los derechos civiles y las libertades de los ciudadanos.
El Ministerio de Sanidad confirmó anoche el tercer caso de ómicron en el país -tras poner en duda uno de los cuatro anunciados esta semana- en un paciente vacunado con las tres dosis de Pfizer que regresó de una conferencia médica en Londres.
Las otras dos infectadas son una ciudadana de Malaui y una mujer israelí que regresó recientemente de Sudáfrica. Además, se están investigando 30 casos sospechosos.
Israel cerró desde el lunes sus fronteras a turistas para contener la propagación de la variante y restableció la cuarentena de al menos tres días para los retornados.
El primer ministro israelí, Naftalí Benet, autorizó ayer la imposición de multas de hasta 2.500 shékels (700 euros) a los viajeros que no se sometan a una prueba de PCR entre los tres y siete días después de su llegada.
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