La Audiencia de Navarra ha decidido que los miembros de La Manada puedan salir de prisión pagando una fianza de 6.000 euros, una resolución que "genera una alarma social", en palabras de la secretaria de Estado de Igualdad, y que ha sido duramente criticada por colectivos feministas, que anuncian movilizaciones.
Los cinco integrantes de La Manada fueron condenados cada uno de ellos a nueve años de cárcel por un delito continuado de abuso sexual con prevalimiento sobre una joven en los Sanfermines de 2016, pero no por violación como pedían las acusaciones, en una sentencia con un controvertido voto particular que abogaba por la absolución.
La resolución conocida hoy, que ha sido notificada a los condenados, cuenta con el voto discrepante del presidente del tribunal, José Francisco Cobo, quien ha abogado por la prórroga de la prisión provisional sin condiciones.
A los cinco jóvenes integrantes de la Manada se les imponen medidas cautelares, como la obligación de comparecer los lunes, miércoles y viernes en el juzgado correspondiente de su localidad de residencia y se les prohíbe entrar en la comunidad de Madrid, donde reside la víctima, al igual que toda comunicación con ella.
También se les retirará el pasaporte, y se les prohíbe salir del territorio nacional sin autorización judicial.
La vista sobre la prórroga de la prisión de los miembros de la Manada se celebró el pasado lunes en el Palacio de Justicia de Pamplona, toda vez que el próximo 7 de julio se cumplirán dos años de su encarcelamiento, que es el máximo legal para esta situación provisional.
En esta vista, tanto la fiscalía como la acusación particular ejercida por la víctima y las acusaciones populares (el Ayuntamiento de Pamplona y el Gobierno de Navarra) solicitaron la prórroga de la prisión provisional, mientras que las defensas de los condenados pidieron su puesta en libertad al entender que no se daba ninguno de los supuestos para mantenerlos en la cárcel (riesgo de destrucción de pruebas, de reiteración delictiva o de fuga).
Según ha declarado el abogado de cuatro de los cinco miembros de La Manada, Agustín Martínez, están "absolutamente contentos con la posibilidad de volver a regularizar sus vidas" y "obviamente" todos ellos volverán a Sevilla para "esperar" una resolución firme.
Al conocerse la decisión, unas tres mil personas se han congregado en la plaza consistorial de la capital navarra para gritar de nuevo "no es abuso, es violación", en una protesta a la que se han sumado representantes del ayuntamiento y el Gobierno foral y partidos políticos.
Las protestas se han extendido a otras ciudades, como las tres capitales del País Vasco y Barcelona, y el Movimiento Feminista de Madrid ha convocado para mañana viernes una concentración frente al Ministerio de Justicia con el lema "Contra la justicia patriarcal. La justicia les ampara, las feministas respondemos".
La secretaria de Estado de Igualdad, Soledad Murillo, ha reconocido que como parte del Gobierno no puede valorar la decisión judicial "a pesar de que la misma genera una alarma social: manifestaciones en las calles". "Mañana sale el auto donde sabremos por qué se ha llegado a este resultado de libertad provisional", ha añadido.
El PSOE considera que se trata de una "mala noticia política y de tipo jurídico" que provoca "desafección" hacia la Justicia y crea "inseguridad" entre las mujeres, mientras que el PP ha expresado su respeto por las decisiones judiciales "nos gusten más o nos gusten menos".
Podemos ha denunciado el "sesgo machista de la Justicia y recabará apoyos parlamentarios para reformar el Código Penal, y Cs ve "preocupante que unos condenados por abuso sexual queden en la calle pudiendo reincidir mientras esperan sentencia firme".
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