El tribunal que enjuicia el denominado caso Hidalgo sobre blanqueo de capitales ha decretado una orden de busca y captura internacional para uno de los doce procesados al no comparecer hoy en el juicio.
El acusado, un ciudadano pakistaní con carta de identidad belga, había presentado a través de su letrado una fotocopia de un escrito en holandés donde alegaba estar enfermo, pero la Sala no ha admitido este documento al no ser un certificado médico y ha advertido de que si en diez días se desconoce su paradero se decretará su rebeldía.
Por otra parte, la fiscalía ha alcanzado un acuerdo con uno de los encausados, por lo que será condenado a quince meses de prisión y multa de ocho millones de euros y se ha retirado la acusación a dos acusados.
La vista oral se reanudará el próximo 16 de mayo con las cuestiones previas en un procedimiento donde los encausados están procesados por blanqueo de capitales y defraudación a la Hacienda Pública en torno a un despacho de abogados ubicado en la localidad malagueña de Marbella.
La Fiscalía Anticorrupción solicitó juicio oral contra catorce personas, pero dos no se han presentado ante la Sala al estar enfermos, y provisionalmente se enfrentan a una pena global de más de 170 años de cárcel y unos 1.000 millones de euros en multa.
En su día, los investigadores señalaron el despacho de Cruz-Conde en Marbella como el principal eje de la trama delictiva de esta causa, que se destapó en abril del 2007 con una operación policial en la que se practicaron veintitrés detenciones, que se elevaron posteriormente a una treintena.
El juez instructor ya decretó en su día el sobreseimiento de la causa respecto a cinco personas, entre ellas dos de los principales imputados, el abogado cordobés Rafael Cruz-Conde y un empresario iraquí, ya que ambos han fallecido.
El fiscal mantiene en su escrito que desde dicho despacho de abogados se proporcionaba al cliente que lo demandara "las estructuras societarias precisas para ocultar tanto la titularidad de los bienes y fondos a invertir en España como el origen de los mismos".
Según Anticorrupción, la finalidad perseguida por los clientes era conocida por los miembros del despacho, lo cual no impidió que se prestaran a colaborar con ellos.
Entre las fórmulas usadas, se constituía una mercantil española, sociedad limitada, que aparecía participada por una entidad radicada en paraísos fiscales como Gibraltar, Panamá o Islas Vírgenes.
En otras ocasiones, siempre según la versión de la acusación pública, se creaba una sociedad de responsabilidad limitada unipersonal, cuya titular era otra entidad de un paraíso fiscal, Antillas Holandesas.
Para Anticorrupción, hubo un determinado número de clientes que se sirvieron del sistema de ocultamiento de fondos diseñado por el citado despacho de abogados para eludir el cumplimiento de sus obligaciones fiscales frente a la Hacienda Pública, "omitiendo el pago de los tributos que les eran exigibles".
Además, el fiscal mantiene que la "finalidad" perseguida por los clientes era conocida por los miembros del despacho, "lo cual no impidió que se prestaran presuntamente a colaborar con ellos en la constitución de esas sociedades", usadas a modos de tapadera.
De este modo se ocultaba la procedencia delictiva del dinero invertido en España y no se podía vincular los fondos con su verdadero dueño.
Las sesiones del juicio oral se prolongarán hasta el 25 de octubre y se han fijado más de 50 sesiones distribuidas a lo largo de nueve meses.
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