El Juzgado de Vigilancia Penitenciaria de Madrid ha concedido la libertad condicional al abogado Manuel Sánchez Zubizarreta, condenado a cuatro años de prisión por blanqueo de capitales en el caso Malaya, la operación por la mayor trama de corrupción en un ayuntamiento de España, en Marbella (Málaga).
Vigilancia Penitenciaria ha acordado imponerle una serie de condiciones para disfrutar de su libertad condicional tales como pedir autorización para cualquier desplazamiento fuera de la comunidad autónoma en la que fije su residencia y la obligación de residir en el domicilio designado.
Además, según el auto, al que ha tenido acceso Efe, tendrá un seguimiento por los servicios sociales penitenciarios, que deberán informar a Vigilancia Penitenciaria "con carácter urgente" en caso de incumplimiento de cualquiera de las condiciones impuestas.
Al penado se le concede la libertad condicional después de que haya quedado acreditado de que ha cumplido las tres cuartas partes de su condena el 17 de noviembre de 2017 y se encuentra clasificado en tercer grado desde agosto del mismo año.
Sánchez Zubizarreta fue detenido en la primera fase de la Operación Malaya como una de las personas que "diseñó, estructuró y gestionó" las sociedades del cerebro de la trama de corrupción urbanística en el Ayuntamiento de Marbella, Juan Antonio Roca, según afirmaron entonces los investigadores.
Estuvo en prisión más de un año y en abril de 2007 fue puesto en libertad bajo una fianza de 150.000 euros, pero tras su condena a cuatro años de prisión por blanqueo de capitales tuvo que volver a prisión.
El juicio del caso Malaya comenzó el 27 de septiembre de 2010 en la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Málaga con un total de 95 procesados por los delitos de blanqueo, malversación de fondos públicos, cohecho y prevaricación, entre otros.
Tras veintidós meses de vista oral el juicio terminó después de celebrarse 199 sesiones, en 2013 el Tribunal dictó sentencia y tras los correspondientes recursos en 2015 el Supremo dictó fallo.
En enero de 2016 el tribunal que juzgó el caso comenzó a ejecutar la sentencia y ordenó entonces el ingreso de 28 acusados, condenados a más de dos años de cárcel y comenzó a tramitar la suspensión de la pena de prisión para otros 18 condenados si reparaban el daño causado y pagaban las multas que le habían sido impuestas.
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