La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) en Málaga ha admitido a trámite un recurso presentado por el grupo municipal del PP en el Ayuntamiento de Marbella (Málaga) contra la modificación del Reglamento de Coordinadores y Directores Generales.
El recurso, al que ha tenido acceso Europa Press, está fechado el 31 de mayo y concede al Ayuntamiento 20 días para remitir al juez el expediente administrativo completo o una copia autentificada.
El concejal 'popular' Baldomero León, uno de los firmantes del recurso junto a los otros 12 concejales del PP, ha calificado de "lógico" que la Justicia admita a trámite el expediente y ha recordado que el equipo de gobierno rechazó las alegaciones que el grupo municipal del PP presentó contra al reglamento.
El edil ha asegurado que, para elaborar el recurso, su formación se ha basado en el "cumplimiento estricto" de la ley, que señala que "los nombramientos de directores generales deberán efectuarse entre funcionarios del grupo A1 y sólo en el caso de que no sea posible se podrán nombrar a personas que no sean funcionarios".
"El concepto 'deberán' es imperativo y taxativo. No se puede permitir que la excepción se concrete en norma general", ha agregado.
León ha asegurado que el equipo de gobierno "ha borrado" del texto del reglamento el término 'deberán', modificación con la que "podrían acomodar" a nueve cargos de confianza.
"El alcalde --José Bernal--, en agosto de 2015, dijo que todos los asesores responsables pasarán a ser directores generales en sus respectivas parcelas. Parece ser que lo tenían ya pensado y luego han adaptado el articulado el texto del reglamento, presumiblemente, para ello. La ley prioriza a los funcionarios y no a los asesores", ha indicado el edil, que ha calificado de "auténtica desvergüenza y clara ilegalidad" la maniobra del equipo de gobierno.
Por su parte, el portavoz municipal, Javier Porcuna, ha asegurado que el PP "intenta bloquear" el funcionamiento del Ayuntamiento y ha destacado que la Corporación aprobó la modificación del reglamento en el pleno de enero.
"Entendemos que es un boicot claro. Ya se suprimieron artículos y se modificó la redacción de otros a instancias de la Abogacía del Estado, que depende del Gobierno del PP, que también solicitó medidas cautelares", ha señalado.
"Ahora el PP presenta otro recurso contencioso-administrativo y solicita de nuevo la suspensión del reglamento como medida cautelar con la clara intención de perjudicar la estructura de funcionamiento interno del Ayuntamiento", ha agregado.
Porcuna ha avanzado que el Ayuntamiento alegará contra el recurso y ha mostrado su confianza en que la justicia no suspenda el reglamento "ya que no se dan motivos para ello".
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