La Sección Segunda de la Audiencia de Málaga tiene previsto juzgar este lunes al exalcalde de Marbella Julián Muñoz, al que fuera secretario municipal Leopoldo Barrantes y una hija de este último, por la adjudicación supuestamente irregular de una vivienda a ésta.
Según consta en las conclusiones provisionales de la Fiscalía Anticorrupción, a las que ha tenido acceso Europa Press, el proceso se inició en 1997, cuando mediante un convenio, una entidad constructora se comprometía a transmitir al Ayuntamiento marbellí la propiedad de tres viviendas y un local comercial en un edificio que aún estaba en construcción.
Siendo ya bienes patrimoniales, el Consistorio decidió, dice la acusación pública, la venta de las tres viviendas mediante subasta pública, iniciándose un expediente en el que figuraba como tasación la cantidad existente en el convenio formalizado con la empresa, con lo que "no resulta fehacientemente que el valor fuera realmente el precio de mercado con el consiguiente perjuicio" municipal.
En 1998, se constituyó la mesa de contratación, con Muñoz y el entonces secretario, donde se adjudicaron dos viviendas y se declaró desierta la tercera, la cual en 2000, según sostiene el fiscal, "sin iniciar procedimiento alguno y contraviniendo la normativa al respecto", con el visto bueno del habilitado nacional, se adjudicó directamente a la hija de éste "a la que pretendía beneficiar omitiendo cualquier posibilidad de concurrencia".
La Fiscalía señala que dicha adjudicación "obedecía al acuerdo entre los acusados para obtener un beneficio en perjuicio del Ayuntamiento", apuntando que esta acusada, que era empleada municipal desde 1992, "confiada y segura" de la operación "debido a que su padre era secretario, amigo personal del entonces alcalde, Julián Muñoz", vendió su residencia "seis meses antes de la adjudicación formal".
La adjudicación se formalizó al mismo precio por el que había salido a subasta dos años antes, es decir, 84.750 euros, según indica el ministerio público, y, además, "sin proceder, como es preceptivo, a una nueva valoración para ajustar el precio al valor real de mercado resultando, por tanto, infravalorada en perjuicio de las arcas municipales".
En este sentido, esta acusación estima que el perjuicio es de 45.866 euros, cantidad que reclama para el Ayuntamiento; apuntando que el valor tenido en cuenta "contrasta con los valores de tasación referidos en los expedientes de préstamos y el de la peritación judicial", además de que otras viviendas de iguales características fueron vendidas por la empresa directamente "a precios superiores".
Por esos hechos, se acusa a Muñoz, al exsecretario y a la hija de éste por un delito de prevaricación en concurso medial con otro de fraude, solicitando tres años de prisión e inhabilitación especial para empleo o cargo público durante ocho años para los dos primeros y dos años de prisión y seis de inhabilitación para la procesada, al acusarla en concepto de inductora.
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