El equipo de gobierno ha remitido a la Fiscalía un informe jurídico que contempla un posible delito de prevaricación en la prescripción de expedientes sancionadores urbanísticos, según ha indicado este martes el portavoz municipal, Javier Porcuna.
El informe lo ha elaborado una asesoría jurídica externa del Ayuntamiento que fue contratada por la anterior Corporación municipal, regida por el PP, ha señalado Porcuna, que ha comparecido en la rueda de prensa posterior a la junta de gobierno local.
Porcuna ha calculado en nueve millones de euros el perjuicio que las prescripciones de las sanciones habrían tenido sobre las arcas municipales.
"Esperemos que la Fiscalía tome las medidas oportunas en relación con unas actuaciones que han tenido un perjuicio grave paras el Ayuntamiento", ha indicado el portavoz.
El Gobierno local alertó a mediados de octubre de 2015 de procedimientos sancionadores que, en algunos casos, habían prescrito, y en otros, caducados, ya que, según Porcuna, se dejaron sin firmar los decretos sancionadores pertinentes. "Los decretos sancionadores se presentaban, pero se devolvían sin suscribir", ha indicado el portavoz municipal.
Por otro lado, Porcuna ha informado de que el Gobierno local ha aprobado de forma provisional en Junta un plan parcial de la zona de Arroyo Palomares.
El expediente se aprobó en el pleno anterior a que el Tribunal Supremo anulara a finales de 2015 el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de 2010, lo que hizo que el procedimiento se detuviera.
Por otra parte, Porcuna ha elevado a 14,5 los millones de euros la inversión urbanística en el municipio en el transcurso del año. La junta de gobierno local ha aprobado una licencia para edificar una vivienda familiar valorada en 650.000 euros y ubicada en el distrito de Las Chapas.
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