El alcalde, José Bernal, ha anunciado que libera a la concejala de Urbanismo, Isabel Pérez, de sus responsabilidades en el Distrito Este del municipio para que se centre "en exclusiva" en la redacción del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) que sustituirá al planeamiento de 2010, suspendido por el Tribunal Supremo a finales del año pasado.
Pérez se queda así únicamente con Urbanismo, delegación a la que se incorporará la parcela de urbanizaciones para facilitar la elaboración del PGOU, ha explicado Bernal, que ha comparecido en rueda de prensa.
"La anulación del PGOU ha hecho que la atención pública se centre en el urbanismo de la ciudad y que, desde esta delegación, se tenga que centrar en sacar adelante un planeamiento acorde con el futuro del municipio y de los vecinos", ha señalado.
La anulación del planeamiento, ha agregado, también ha originado "otros daños colaterales" en otras concejalías, como la de Proyectos Estratégicos, "que se fundamenta en el plan general".
Las competencias en el Distrito Este las asumirá la concejal de Sanidad, Pymes y Emprendimiento y Cementerios, Ana González. Las modificaciones también conciernen al regidor, que cede las parcelas de Turismo y Seguridad Ciudadana a Javier Porcuna, que mantiene la Delegación de Industria y una tenencia de Alcaldía.
Bernal conserva la Delegación de Personal e Innovación en un momento en el que el Consistorio se encuentra en un proceso de funcionarización de los empleados municipales y la disolución de los Organismos Autónomos Locales.
La concejal de Obras y Servicios Operativos y de Empleo y teniente de alcalde, Blanca Fernández, asume Deportes, parcela a la que se quiere potenciar con la construcción de más equipamientos, según Bernal.
Los cambios, que sólo afectan a delegaciones encabezadas por ediles del PSOE, están orientados a incrementar la "eficiencia" en la gestión municipal, según el alcalde.
La reestructuración se debe a un cúmulo de circunstancias que, según Bernal, hacía necesarios los cambios, entre los que ha destacado el mejor conocimiento de las delegaciones municipales que ha adquirido "sobre el terreno" desde que inició el mandato, la anulación del PGOU y la "atención" que, ha indicado el regidor, requieren los compromisos políticos del Gobierno local, formado por la coalición entre PSOE, IU y Opción Sampedreña.
Por otra parte, Bernal, ha explicado que los presupuestos municipales de 2016 recogen partidas por valor de unos 20 millones de euros para hacer frente a los costes derivados de la corrupción, como los dos millones de euros para la Asesoría Jurídica, ocupada en su mayor parte a casos de corrupción, tres para pagar la amortización anual a la Junta por un préstamo que concedió tras la disolución de la Corporación municipal en 2006, cuatro para pagar una sentencia firme o una provisión de diez millones para afrontar futuros fallos judiciales.
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