No ha habido manifestaciones públicas en el entorno del Partido Popular ante el revuelo suscitado por la fotografía del concejal de Comercio, José Eduardo Díaz, en el corte de cinta inaugural de la nueva oficina de la empresa de la familia Gil en Puerto Banús, pero sí un más que aparente intento de dar un golpe de efecto para amortiguar el golpe que la instantánea ha tenido en la imagen del partido.
Habitualmente en un segundo plano, ha aparecido como de la nada la concejala María Francisca Caracuel, más asociada últimamente a sus tareas como responsable de Hacienda en Diputación Personal, y lo ha hecho para dar cuenta de una serie de acciones judiciales emprendidas por el Ayuntamiento para recuperar dinero expoliado por las tramas corruptas, tratando, presumiblemente, de demostrar, precisamente, el compromiso que la tristemente famosa imagen de la oficina de Puerto Banús, había puesto en entredicho.
En concreto Caracuel se ha referido a dos resoluciones judiciales que tienen que ver con el embargo de una propiedad de 400.000 euros al condenado por el caso saqueo, Jorge Castel, y el 30 por ciento de las acciones de un hotel en Salamanca a nombre del ex teniente de alcalde gilista Pedro Román.
Sobre la familia Gil, la concejala ha adelantado que el próximo día 15 está previsto el fallo de la sentencia por el procedimiento que sigue el Ayuntamiento contra los herederos del ex alcalde, después de que se reconociera en apelación 81,2 millones de euros para el Consistorio.
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