Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado han requisado
durante 2023 un total de 41.649 productos falsificados en la provincia de Málaga, donde han llevado a cabo
182 operaciones que culminaron en la
detención o investigación de 122 personas por delitos contra los derechos de propiedad industrial.
Según han precisado desde la Subdelegación del Gobierno en un comunicado,
el mayor porcentaje de productos falsificados intervenidos en Málaga por las Fuerzas y Cuerpos corresponde al
sector de la juguetería con 12.284 objetos intervenidos, lo que supone el
29,5% del total. Le siguen, por volumen, el sector de
marroquinería y complementos, con 8.587 productos incautados y el textil, con 6.875.
En este sentido, la mayor parte de las operaciones se llevaron a cabo en
establecimientos y naves, fábricas y almacenes, requisándose respectivamente, 14.263 y 13.534 productos falsificados. Asimismo, se intervinieron
7.734 en lugares de venta ambulante legal.
Así se refleja en los datos anuales de las intervenciones y de la actividad contra la venta de falsificaciones, publicados este jueves por el Ministerio del Interior en el Portal Estadístico de Criminalidad, en su apartado Datos/Propiedad Industrial, y que recogen operaciones de Policía Nacional, Guardia Civil, Policía Foral de Navarra, Mossos d'Esquadra y policías locales.
Las infracciones a los derechos de propiedad industrial tienen "
consecuencias nefastas para la economía y la sociedad, destruyen puestos de trabajos directos, y reducen la venta de los productos legítimos", han señalado desde la Oficina, que también precisa que los productos falsificados suponen un riesgo para los consumidores, al eludir los controles de calidad y las normas de fabricación.
Los datos publicados resultan "de gran valor" en el diseño de acciones dirigidas a la sensibilización y concienciación de la población sobre los efectos negativos del consumo y adquisición de productos falsificados en nuestro país. Por este motivo, la OEPM trabaja con "un compromiso firme" en la implementación de políticas públicas de protección de los derechos de propiedad industrial más eficaces y de lucha frente a su vulneración.
