El juzgado de lo Mercantil número 1 de Málaga ha descartado la apertura del parque de atracciones Tívoli World, ubicado en Benalmádena, cerrado y en concurso de acreedores desde el pasado mes de agosto, mientras el litigio sobre su titularidad siga pendiente de resolución.
El juzgado ha señalado que ni ellos, ni el administrador concursal del recinto, el letrado malagueño Juan Antonio Sánchez, tienen potestad para poner en marcha las instalaciones, ha explicado a Efe Sánchez en relación a la reciente solicitud de apertura realizada por la empresa de trabajo temporal responsable de las contrataciones en el Tívoli y acreedora del mismo.
Esta respuesta refrenda la postura del administrador concursal del Tívoli que desde un principio ha insistido en que se trata de una decisión que debe tomar el propietario del parque y que, mientras la Justicia no determine lo contrario, es el grupo inmobiliario Tremón.
Los trabajadores, por su parte, siguen sin trabajo y esperanzados en que, aunque sea tarde, el parque pueda volver a abrir, ha asegurado a Efe el director general durante los últimos 15 años del que fuera el primer parque de atracciones de Andalucía, Mariano Hidalgo.
Aunque con la ampliación de los ERTE hasta después del verano los empleados están "algo más tranquilos, la preocupación sobre el futuro del Tívoli sigue presente en la mente y el corazón de todos", ha añadido Hidalgo.
Hidalgo se muestra disgustado porque "las cosas están igual que en octubre" y siente cierta desconfianza ante una resolución rápida del conflicto que mantiene a esta empresa de ocio cerrada puesto que, tal y como explica, "no se ha avanzado nada en meses".
Mientras, se ha vuelto a convocar la mesa de trabajo que abordará el futuro del Tívoli -pospuesta por motivos de agenda del viceconsejero de presidencia, Alejandro Cardenete- y en la que se integran, además de los trabajadores, el ayuntamiento de Benalmádena, la Diputación Provincial de Málaga y la Junta de Andalucía.
A día de hoy, sobre el Tívoli pesa una deuda que supera los 11 millones de euros y el litigio sobre su titularidad que mantiene enfrentados a la Compañía Internacional de Parques y Atracciones (CIPASA), vinculada al empresario cordobés Rafael Gómez, y a Tremón, el grupo inmobiliario al que CIPASA vendió el parque hace catorce años en el marco de una operación más amplia.
Este asunto está ahora a las puertas del Tribunal Supremo que ha de decidir si admite a trámite el recurso de casación de CIPASA por el que reclama la propiedad de las referidas instalaciones.
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