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Martes 03/08/2021

Málaga

Adelante critica la "involución" de la Junta en memoria histórica y exige financiación

El grupo provincial de Adelante Málaga solicitará en el próximo pleno de la Diputación que ponga en marcha la Ley de Memoria Histórica

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  • Cárcel antigua de Málaga.

El grupo provincial de Adelante Málaga solicitará en el próximo pleno de la Diputación, que se celebra el miércoles, que ponga en marcha la Ley de Memoria Histórica y Democrática de Andalucía y que destine a ella financiación "suficiente".

La Ley de Memoria Histórica y Democrática de Andalucía se fundamenta en los principios de verdad, justicia y reparación, y en los valores democráticos de concordia, convivencia, pluralismo político, defensa de los derechos humanos, cultura de paz e igualdad de hombres y mujeres, tal y como recoge en su artículo 2, recuerda Adelante en su moción.

Así, sostiene que esta ley prevé hacer efectivos "tres derechos esenciales: el derecho a conocer, el derecho a investigar y el derecho a la reparación plena", sin embargo, según la moción de IU y Podemos, "ninguno de estos principios y derechos están siendo garantizados ni llevados a efecto por el Gobierno andaluz".

El 14 de junio, sostienen, se recuerda a los hombres y mujeres "víctimas del golpe militar y la dictadura franquista". En este sentido, piden que se institucionalice ese día y advierten de la "paralización y la involución que el actual Gobierno andaluz está llevando a cabo en las políticas públicas de Memoria Histórica y Democrática".

Esto, añaden, "ha supuesto un grave retroceso en la consecución plena de los derechos de las víctimas del franquismo, así como para la verdad, la justicia, la reparación y la garantía de no repetición". Según IU, las víctimas y sus familiares "demandan a la Junta de Andalucía el mantenimiento y desarrollo de las políticas públicas de Memoria Histórica y Democrática".

Hablan, de hecho, de "paralización, recortes e involución" en esta materia y ponen como ejemplo que con el actual Gobierno no se ha tenido "ninguna iniciativa propia" al respecto. "El único presupuesto aprobado por la Junta para exhumaciones en 2020 han sido los 265.000 euros comprometidos desde 2017 por convenio, para la fosa de Pico Reja en el cementerio de Sevilla. Hace solo unas semanas, la Consejería competente publicó la licitación de un contrato de 36 meses, por importe de 420.909,09 euros, una cantidad "claramente insuficiente en términos absolutos y relativos".

Es más, desde la coalición de izquierdas, hablan de "política de brazos caídos" de la Consejería de Cultura y critican que no se haya desarrollado la ley en lo referente a la nomenclatura del callejero. Tampoco, añaden, "ha habido ninguna aprobación ni inscripción de Lugares de Memoria, recordando las 36 pendientes, una de ellas en Málaga.

La moción, consultada por Europa Press, tiene diez puntos en los que también solicita a la Consejería de Educación andaluza "la plena incorporación al currículo educativo de contenidos y valores vinculados a la Memoria Histórica y Democrática como patrimonio de nuestro pueblo".

Igualmente, solicita que se dé prioridad en lo referente a la simbología "y actos contrarios a la Memoria Histórica y Democrática, uno de cuyos asuntos principales es la desaparición de la tumba del golpista y genocida Gonzalo Queipo de Llano".

Desde IU piden que la Junta la puesta en marcha de un programa de obtención de muestras genéticas "de familiares de víctimas para poder identificar a las víctimas recuperadas de enterramientos y fosas comunes en cementerios y cunetas". Asimismo que se impulsen actuaciones para identificar y localizar "a niños y niñas sustraídos y adoptados sin autorización de los progenitores" y que se desarrolle un plan de digitalización de fondos archivísticos relativos al periodo 1936-1978, depositados en los Archivos Históricos Provinciales de Andalucía.

Entre otras peticiones, en la moción que presentan a la Diputación instan a la Junta de Andalucía a reabrir el Servicio de Oficinas Provinciales de Memoria Histórica de la Junta de Andalucía, para atender a víctimas, familiares y asociaciones representativas de éstas, en sus solicitudes e información de derechos.

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