El alcalde de Manilva, Mario Jiménez, se enfrentará a una petición fiscal de dos años de prisión por un delito continuado de prevaricación y otro como cooperador necesario en un delito continuado de gestión interesada en el caso de Manilva II, que investiga la contratación ilegal de empresas.
El ministerio público también solicita la inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena, 24 meses de multa a razón de 15 euros diario y cuatro años de inhabilitación especial para empleo o cargo público, según el escrito acusatorio, al que ha tenido acceso Efe.
Su antecesora, la exalcaldesa Antonia Muñoz también está acusada en dicho procedimiento, junto con su marido y otros cinco concejales, y se enfrentan a dos años de prisión al considerar el fiscal que permitieron que el consistorio contratara con empresas de Muñoz y de familiares "a sabiendas de incumplir las exigencias legales".
El juicio está previsto que se celebre el próximo jueves en el Juzgado de lo Penal número 6 de Málaga, según han informado a Efe fuentes judiciales.
Según la calificación fiscal, Antonia Muñoz, que en 2014 presentó su dimisión tras ser expulsada de IU, y su marido crearon en 2005 una empresa de muebles y decoración.
Dos años más tarde fue elegida alcaldesa de Manilva y en 2009, el consistorio comenzó a adjudicar contratos a la empresa del matrimonio.
A pesar de que la alcaldesa tenía la competencia para autorizar los gastos, delegó tal facultad en la junta de gobierno local, de la que formaban parte el resto de acusados en su condición de concejales, quienes, "perfectamente conocedores de la ilicitud en la contratación" procedieron a aprobar las facturas.
Dichas facturas fueron aprobadas pese a los continuos reparos de la interventora del Ayuntamiento que advertía de la falta de dotación presupuestaria, de incumplimiento de requisitos y formalidades para contratar.
Debido a ello, el fiscal entiende que el actual alcalde, Mario Jiménez, de Compromiso Manilva, participó de manera activa en la adjudicación verbal de contratos menores a favor de la mencionada mercantil.
Mario Jiménez está inmerso en otro procedimiento, el caso Manilva III, donde el fiscal le pide cuatro años de prisión por un presunto delito de malversación de caudales públicos, y nueve años más de inhabilitación por otro de prevaricación.
En este segundo caso los hechos se refieren a los pagos realizados por el Ayuntamiento a la Entidad Urbanística Colaboradora de Conservación del Complejo Residencial El Hacho.
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